Oaxaca, Se Impone la Ley

* Operativo policíaco de PFP, AFI, Marina y Ejercito en Oaxaca.
* Saldo blanco hasta el cierre de esta edición.
* No fue una matanza, pero la historia juzgará a Fox por su tardía actuación.
* Acuse de recibo: Con correos electrónicos cuestionan a personajes del IEE-Hidalgo.

Después de más de cinco meses de conflicto y 120 días de haber sido sitiado el zócalo oaxaqueño por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que habían colocado retenes y barricadas en el primer cuadro de la ciudad, la tarde de ayer domingo, un numeroso contingente de la Policía Federal Preventiva (PFP), apoyado por tanquetas antimotines y camiones tipo Kodiak, efectuó un operativo para reinstaurar el estado de derecho en aquella entidad.
En el operativo participaron como apoyo elementos de la Agencia Federal de Investigación, mientras que simultáneamente en cinco regiones del Estado, el Ejército Mexicano y la Marina, implementaron el Plan DN-II (Contrainsurgencia), para evitar que se registrara el trasiego de armas, cartuchos y explosivos y neutralizar cualquier posible movimiento de grupos armados que pudieran agravar la situación o intervenir en apoyo a la APPO, que advirtió que radicalizarían sus acciones si se intentaba desalojarlos.
La situación de Oaxaca que hasta el cierre de esta edición se reportaba con saldo blanco, mantuvo a todos los medios de comunicación a la expectativa, pues los hechos registrados el viernes en Santa Lucía del Camino, en Calicanto, en los que perdieron la vida cuatro personas, entre ellas el reportero extranjero Bradley Roland Will de la agencia Indymedia, hicieron prever la posibilidad de que se generaran enfrentamientos muy graves y de consecuencias no previsibles, debido a que la APPO reforzó sus barricadas y se armó con cohetes, bombas Molotov, machetes, varillas, lanza cohetes y algunas armas de fuego con que amenazaron resistirían el embate policial.
Las autoridades hicieron público que el operativo de la PFP, cuyos elementos arribaron el sábado a bordo de seis aviones y que serían apoyados desde el aire con helicópteros, liberaría el zócalo de Oaxaca, las principales calles de la ciudad y significaría acciones en 11 municipios conurbados donde estaban tomadas las alcaldías y en siete municipios más donde tiene presencia la APPO, además de que se liberarían los accesos carreteros provenientes de Santiaguito Etla, San Bartolo Coyotepec, San Atzompan y El Tule.
Para ello la PFP utilizó por primera vez, las tanquetas antimotines que el gobierno federal y el ejército adquirieron en 1999, previendo un posible conflicto postelectoral en el año 2000 y que después de casi siete años hicieron su primera aparición pública el 1 de septiembre, en los alrededores del Congreso de la Unión, donde Vicente Fox no pudo rendir su último informe de gobierno.
Aunque hasta el cierre de la edición el operativo parecía ejemplar, pues los pocos enfrentamientos suscitados no arrojaban heridos ni pérdidas humanas que lamentar, pues a los appistas se les contenía con agentes químicos como gas pimienta y gas lacrimógeno, el juicio social y de la historia parece que no favorecerá al Gobierno de la República, pues si bien no se trató de una matanza como la de octubre del 68 y la intervención policíaca podría calificarse como ejemplar y profesional, lo que no dejará de recriminársele a Vicente Fox, es su tardía y pusilánime actuación.
Es elogiable, que la PFP, AFI, Marines y Militares por fin hayan intervenido en el conflicto oaxaqueño y que se haga todo para imponer el estado de derecho, lo lamentable es que para que Vicente Fox haya ordenado la intervención de las fuerzas federales, hayan tenido que pasar más de cinco meses y perdieran la vida 14 personas, además de que se registraran un indeterminado número de lesionados.
El pueblo oaxaqueño ha perdido cientos, quizás miles de millones de pesos que dejaron de llegar a esa entidad por concepto de turismo, se afectó severamente el comercio, se dañó el patrimonio cultural e histórico del Estado, fracasaron todos los programas de seguridad pública y entre lo más grave, oficialmente se perdió el ciclo escolar y se cayó en un clima de impunidad e ingobernabilidad a pesar del cual la Comisión de Gobernación del Senado de la República que preside el ex-gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, decidió declarar no procedente la desaparición de poderes, encubriendo con ello a un mandatario ratero y represor como Ulises Ruiz Ortiz.
Pero la actuación más grave, quizás sea la de Vicente Fox, que en todo momento asumió una actitud indolente y evadió cumplir con la obligación que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en caso de conflicto social grave, la federación brinde auxilio a la entidad que así lo requiera para el reestablecimiento de la ley, lo cual en muchas ocasiones negó argumentando que se trataba de un problema interno.
Lo cierto es que ayer las autoridades se decidieron a actuar y no basta con que se desaloje el zócalo y se recuperen los edificios públicos, radiodifusoras e instalaciones universitarias en poder de la APPO, se debe hacer todo lo posible porque se recupere el ciclo escolar y además para que los delitos en los que hayan incurrido los miembros del magisterio y de la Asamblea Popular no queden impunes, ejecutando las órdenes de aprehensión que existan contra sus líderes y fincándoles la responsabilidad penal que se debe por los daños causados.
Ayer por la tarde también se impusieron barricadas en el cruce de Juárez y Eje Central en la Ciudad de México, se colocaron trolebuses y se produjo un enfrentamiento, si se quiere evitar que el conflicto se presente en otras entidades como ya llegó al D.F., tiene que imponerse la ley, ya se empezó en Oaxaca y ahora se tiene que terminar.
El gobierno no puede echarse para atrás en este asunto, intervino tarde pero ya lo hizo, ahora hay que culminar la tarea hasta el reestablecimiento de la paz.
CUESTIONAN A ASPIRANTES A CONSEJEROS
Cuando faltan cuatro semanas para que se defina la lista de quienes habrán de integrar el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en calidad de Consejeros Ciudadanos, la batalla por lograr una de las seis posiciones se intensifica, pues la lista de aspirantes crece y al mismo tiempo, surgen aparentemente desde el interior del IEE, las inconformidades y denuncias en contra de algunos de los posibles futuros miembros del Consejo General.
Damos acuse de recibo, del correo electrónico enviado a la mayoría de los medios de comunicación el domingo 22 de octubre, en el que se acusa a Javier González Arreola, de incurrir en diversos abusos en el cargo de “coordinador” y se le cuestiona para ser consejero, por sus presuntos nexos con el gobernador y con personajes como Manuel Ángel Villagrán Valdespino, ex-secretario general del IEE, el que se afirma en el escrito, es tío del actual consejero Francisco Javier Valdespino.
El documento firmado presuntamente por “Alejandro Gómez”, también se menciona que el actual secretario general, Daniel Jiménez Rojo y que aspira a suceder a José Luís Lima, igualmente es compadre del mandatario estatal, mientras que a Sergio Islas Olvera, lo vinculan como primo del secretario de gobierno, Francisco Olvera y a otro aspirante, Arturo Sosa Echeverría, lo señalan como candidato de Eduardo Osorio Chong.
A todos ellos les reconocen vínculos “con el gobierno y el PRI”, por lo que los califican como imposibilitados para ser consejeros “si de verdad quieren ciudadanizar al organismo”.
Un segundo correo también cuestiona a un aspirante al que presuntamente propondrá el PAN, Alejandro Fosado, “quien es hermano de la actual consejera Dulce Olivia Fosado y de otro funcionario del IEE, es esposo de la diputada panista Irma Beatriz Chávez Ríos “chilanga avecindada en Pachuca”, fue dirigente del PAN, diputado local por ese partido, hace unos meses precandidato a diputado federal y junto con sus hermanos quiere la familia tomar al organismo como botín”.
En el mismo documento se menciona a Sigfrido Cabrera como “apadrinado por el omnipotente del IEE” y se invita a los medios a investigar porqué se mantiene acéfala la coordinación jurídica y la subcoordinación de contabilidad.