Caso Monroy Solís: ¿Resolución Legal o Amañada?

* Logra García Galván su libertad bajo caución.
* Despierta sospechas la actuación del Poder Judicial.
* Familiares de la víctima habían advertido la intención de dejar libre al presunto homicida, calificando el hecho como culposo.
* Una vez más la justicia estuvo al mejor postor.


A poco más de un mes de haber ocurrido el homicidio del joven empresario Carlos Enrique Monroy Solís, tal como se especulaba desde un principio, el presunto homicida Melchor Arturo García Galván, logró su libertad bajo caución, en una controvertida resolución que emitida por el Juez Tercero de lo Penal, Jesús Tomas Moncada Mahuem.
Los hechos en los que perdiera la vida Monroy Solís, ocurrieron la madrugada del domingo 19 de marzo, entre las 3:30 y 4:30 horas, afuera del bar NB, frente al cual, después de discutir con su novia Nadia Pérez, fue arrollado por su victimario García Galván, que desde las primeras horas de lo ocurrido, recibió en apariencia un trato preferencial por parte de las autoridades que hizo sospechar de maniobras “legaloides” para lograr su libertad.
Aparentemente sin existir todos los elementos para ello, el joven presunto homicida, vecino del Distrito federal y estudiante de la Universidad Iberoamericana, con aspiraciones de algún día incursionar en la política, según lo declaró el mismo, fue arraigado en una habitación del Sanatorio Ortega de Pachuca, a donde se afirma fue llevado para que se le atendiera por diversas lesiones que presentaba y que ameritaban su hospitalización.
El arraigo fue lo que inicialmente despertó las sospechas de que se maniobraba para favorecerlo y algunos medios de comunicación local lo vincularon a su supuesto parentesco –no confirmado, pero tampoco desmentido-, con el secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Gobierno del Estado, Ramón Ramírez Valtierra, quien es considerado como uno de los funcionarios más influyentes en la actual administración, lo que vendría a aclarar, más no a “justificar”, el porque el trato especial al chofer del automóvil Peugeot Gris con el que se privó de la vida a Monroy Solís.
A través de su abogado José Francisco Díaz Cravioto, la familia del desaparecido Carlos Monroy, confirmó sus sospechas de que se quería liberar a Melchor Arturo García Galván, tratando de simular que el homicidio como delito, había tenido el carácter de culposo, es decir que no se había tenido la intención de incurrir en él, cuando en realidad ellos tenían elementos para asegurar que se trataba de un acto doloso, pues los testimonios recabados demostraban el ánimo del chofer por causar daño.
Se llegó a especular incluso acerca de la existencia de peritajes de transito terrestre que demostraban la responsabilidad de García Galván y al termino de su arraigo, se le consignó por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ante las autoridades judiciales el día 20 de abril, dándose inicio a la Causa Penal 56/2007 ante el juzgado tercero de lo penal, por Homicidio Calificado, considerado como delito grave, que no le otorgaba al indiciado la posibilidad de obtener su libertad bajo Fianza y que podría significarle una sentencia de 15 hasta 30 años de prisión, según el procurador José Alberto Rodríguez Calderón.
Antes de la consignación, durante los más de 30 días transcurridos después del homicidio, los medios de comunicación jugaron un papel especial en este tiempo, pues de manera simultanea diversos diarios llegaron a publicar entrevistas del presunto homicida exculpándolo de responsabilidad y en un hecho inusual, se llegó a entrevistar incluso a la chica Nadia Pérez por quien surgió el conflicto que terminó con la muerte del empresario, quien también negó que García Galván hubiese tenido la intención de matar.
Se difundió que la defensa del presunto homicida estaba a cargo del abogado Luís Manuel Sánchez Lomas y que esta se orquestaba desde una oficina gubernamental denominada Comités de Planeación para el Desarrollo de Hidalgo.
Familiares, amigos y conocidos del joven fallecido, también hicieron su parte mediática y a través de cartas dirigidas a la opinión pública y a las autoridades, confirmaron su temor de que se favoreciera a Arturo García Galván y el abogado reveló la negativa del procurador Rodríguez Calderón a concederle una audiencia y posteriormente cuando el Ministerio Público anunció que la consignación podría efectuarse por homicidio simple intencional, los deudos de Monroy Solís expresaron que interpondrían los recursos necesarios para demostrar que hubo dolo en el acto que le costó la vida a su familiar.
Basaron su afirmación en el testimonio de amigos del difunto y un grupo de meseros que presenciaron el hecho y que evitaron que García Galván se diera a la fuga y que además participaron en las labores de rescate del cuerpo, pues este había quedado atrapado abajo del automóvil con el que se le arrollo, en un acto del que según el presunto homicida “no se dio cuenta”.
La procuraduría por su parte, basó sus actuaciones en testimonios, pero también en la elaboración de peritajes de psicología, tránsito terrestres y criminalística, con los cuales determinó que si se trataba de un homicidio agravado.
Uno de los peritajes fue ofrecido por la defensa de Monroy Solís, obviamente a su favor, en el que se le práctico un estudio psicológico y los especialistas contratados por él concluyen no mentalmente no tiene las características de un homicida.
Otros 2 peritajes en materia de transito terrestre, determinan que la víctima Carlos Enrique Monroy Solís, obstruye la circulación del vehículo Peugeot y que el conductor de este, Melchor Arturo García Galván, lo conduce sin las medidas necesarias de precaución. Los firman los peritos Felipe Aguilar Cedillo y Arturo Tinajero Jaimes.
Mientras, Antonio Trejo y Margarita Morales Martínez, peritos en criminalística de campo de la procuraduría del estado, concluyen que el hecho lesivo en donde perdió la vida Carlos Enrique Monroy Solís y en la mecánica del mismo se determina que éste se desarrolla sin la intencionalidad criminal, pues no refleja la intención de provocar el atropellamiento incompleto y privar de la vida al occiso.
Con esos elementos, el juez penal dio a los hechos una interpretación distinta a la de la procuraduría, hasta concedió entrevistas para afirmar que el procurador Rodríguez Calderón se extralimitó en sus funciones como fiscal al anunciar el sentido de la consignación y terminó por reclasificar el delito, determinándolo como homicidio culposo, lo que le significó a García Galván su libertad, pues este se sanciona con una pena que va de los tres meses a los 10 años de prisión.
Lo cierto es que la familia que hizo públicas sus sospechas de que se pretendía favorecer a García Galván, tratando de aparentar que el homicidio era culposo y no doloso, tienen ahora muchas más razones para creer que así fue, pues ciertamente la procuraduría les dio la razón, pero la interpretación del juez fue distinta y el presunto homicida ya está libre tal como lo temían.
No es asunto menor este hecho, pues lo que está en juego no es el prestigio del juez, cuyo nombre queda en entredicho ante todos aquellos que firmaron las cartas abiertas en las que se expresaba el temor de que el homicidio quedara en la impunidad.
Lo que esta en juego es la aplicación de la ley, la sanción a un delito muy grave que es el homicidio y el prestigio y la independencia del Poder Judicial, porque entre muchos se da la impresión de que volvió a triunfar el influyentismo y la impunidad y que como en tiempos que se creían superados, la justicia estuvo otra vez al alcance del mejor postor y a las órdenes de quienes detentan el poder.
No se cuestiona si la resolución estuvo apegada a derecho o no, hay que aclarar que legal si fue, pero existen todos los elementos para creer que también fue amañada, para poder modificar la clasificación del delito y lograr la libertad de quien a todas luces resultó favorecido.