Delincuentes con Uniforme

* Acusan a municipales de Tepeji de violación tumultuaria, pero el alcalde los protege.
* Ministeriales ignoran a legislador priista.
* Abusos sin límite en Tepeapulco, Mineral de la Reforma, Atlapexco, Epazoyucan, Chapulhuacán y otros.
* Policías de Pachuca, delincuentes con uniforme.


La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tienen ante si el deber de investigar exhaustivamente, las denuncias que los diputados locales Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno y José Guadalupe Rodríguez Cruz, formularon en la tribuna legislativa del estado y que sin mucho análisis, nos hacen ver que en Hidalgo seguimos contando con policías delincuentes y que como tales merecen castigo.
No es asunto fácil el que tienen enfrente ambos organismos, pues en la tribuna legislativa salió a relucir que a pesar de que siguen registrándose situaciones de brutalidad policíaca en Hidalgo, en algunos casos los uniformados siguen contando con la protección y complicidad de las autoridades, quienes en vez de consignarlos ante el Ministerio Público, los encubren para que puedan evadir su responsabilidad.
Al menos así se aprecia en el caso denunciado por la diputada perredista Ángeles Moreno ante el pleno de la LIX Legislatura, a la que dio a conocer que el jueves 12 de abril, una mujer de 40 años de edad, fue secuestrada, golpeada y violada de manera tumultuaria por integrantes de la policía municipal de Tepeji del Río, pero el presidente municipal, el priista Guillermo Sergio Cabrera Vivar, se niega a revelar la identidad de los delincuentes con uniforme.
Amenazada por los policías, de los que sabe que son capaces de todo, la mujer decidió no interponer la denuncia penal correspondiente por los hechos citados, pero en cambio buscó ayuda en la legisladora a la que puso en conocimiento de todo lo ocurrido a fin de que estuviera garantizada su seguridad.
Los hechos son sumamente graves, porque la mujer identificada como Reyna Hernández Islas, narró que el 12 de abril se encontraba en la calle esperando una combi para dirigirse a su casa, cuando sin explicación alguna fue subida a una patrulla, privada de su libertad durante más de dos días en la galera municipal y ahí fue golpeada y atacada sexualmente, por cinco de los oficiales, quienes al no tener motivos para mantenerla detenida, la dejaron en libertad no sin antes advertirle de los daños que le podrían causar si se atrevía a denunciarlos.
Del caso existe la queja número CEDH-1-2-1072-2007 iniciada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que preside Alejandro Straffon Ortiz, organismo que a pesar de distinguirse por su ineficacia y tortuguismo en los trámites, tiene el deber de integrar el expediente con la seriedad que amerita la denuncia y emitir la recomendación correspondiente una vez que cuente con los elementos necesarios para ello.
Pero más allá de la recomendación, es la Procuraduría General de Justicia del Estado y su titular José Alberto Rodríguez Calderón, quienes deben integrar la averiguación previa de manera ejemplar, para que si los policías de Tepeji del Río son responsables de lo que se les imputa, no haya posibilidad alguna para que evadan la acción de la justicia, sean exhibidos como delincuentes y sujetos a proceso penal como corresponde a pillos de esa calaña.
Por la seriedad del asunto, el presidente municipal Guillermo Sergio Cabrera Vivar, también debe ser objeto de investigación, por que entre sus deberes como alcalde no está el de negar los hechos y encubrir a delincuentes aunque trabajen con él y, si acaso tiene responsabilidad o se le acredita algún delito, deberá procederse en su contra y ser sujeto del desafuero que la diputada pidió en la tribuna legislativa.
Si es grave el incurrir en algún delito teniendo el deber de cuidar a la ciudadanía, también lo es la negligencia y omisión con que se conducen algunos cuerpos policíacos. Ese es el caso de la Policía Ministerial del Estado, según lo denunció el diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, quien ante el pleno se refirió a la reciente desaparición y posterior homicidio de la jovencita Brenda Sánchez Rubio de 20 años de edad, ocurrido también en el municipio de Tepeji del Río.
La chica quien laboraba en un tianguis, estaba reportaba como desaparecida desde el 23 de marzo y fue encontrada muerta y semienterrada el 12 de abril en “El Columpio” en los límites de Tula y Tepeji, en avanzado estado de descomposición y se determinó que murió por varios golpes en torax y cabeza.
Según el legislador priista, se cuenta con elementos de prueba en relación con quien o quienes pudieron haber victimado a la joven, pero han sido ignorados por la Policía Ministerial.
Dijo Rodríguez Cruz que desde la desaparición de la chica, él mismo intentó comunicarse en cinco ocasiones con el director de la Policía Ministerial Ahuitzol Hideroa Juárez y que siempre le fue negado, por lo que consideró “vergonzoso” que un representante popular no merezca la atención de este funcionario, por lo que agregó que “si esto pasa con un diputado, es visible que los ciudadanos que no cuenten con la posibilidad de externar sus preocupaciones en una tribuna, serán ignorados”.
Además de estos dos casos, en los últimos días ha salido a relucir otro asunto de abuso de autoridad y barbarie policial en el municipio de Tepeapulco, donde se acusa al jefe de la policía local Francisco Javier Sánchez del Real, de haber golpeado junto con otros agentes, entre ellos José Ángel López, al señor Jorge Albarrán del Castillo.
Según la denuncia, Sánchez del Real actuó bajo los influjos del alcohol y cuenta con la protección del presidente municipal Odilón Sánchez Silva, con quien se presume existe un parentesco.
Los abusos por parte de las policías municipales son constantes; Los uniformados de Epazoyucan por ejemplo, han sido acusados de actuar con el consentimiento del alcalde Miguel Ángel Montiel Ibarra para invadir territorio del municipio de Zempoala; En Atlapexco son permanentes las denuncias de prepotencia y arbitrariedad de los policías, pero el Edil Joel Nochebuena Hernández no hace nada por evitarlo; En Atotonilco el Grande ha quedado en evidencia la brutalidad con que se conducen los uniformados con la complacencia de Francisco Javier Téllez Sánchez y en Mineral de la Reforma, los gendarmes de Alejandro Islas Pérez acumulan cada vez más expedientes en contra en la Comisión de Derechos Humanos.
Situaciones así se repiten en muchos lados, como en Chapulhuacán, donde los policías bajo el mando de Fermín Castillo González son unos represores; Pero en otros lados las historias de delincuentes con uniforme no dejan de ser noticia, como esta semana ocurrió en Pachuca, donde un par de policías responsables del corralón de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, fueron descubiertos en posesión de vehículos robados, con placas sobrepuestas que obtenían del depósito de automóviles, donde habían creado una red con mecánicos para la sustracción de autopartes y el desvalijamiento de las unidades, haciendo con ello un gran negocio.
No hay duda de que las policías municipales de Hidalgo, sino todas, al menos si la mayoría, siguen registrando graves irregularidades y que en sus filas existen muchos delincuentes que actúan amparados en la placa que los acredita como oficiales, pero ello no podrá detenerse mientras haya sujetos como el alcalde de Tepeji del Río, que sabiendo de situaciones como la aquí descrita, prefiere convertirse en cómplice y encubrir a bandidos.
La ley debe aplicarse con todo rigor en estos casos, porque se trata de supuestos servidores públicos, que tienen en sus manos la vigilancia del cumplimiento de la ley, pero en vez de ello atacan arteramente a la ciudadanía y, ya sea por acción u omisión incurren en responsabilidades.