Gobierno Delincuente y Gobierno Cómplice

* Giro determinante en el conflicto minero, firmas falsificadas por “líderes” y gobernantes.
* Pérdidas millonarias, paros de actividades, choques violentos y muertes, no deben quedar impunes.
* “Napito” tampoco es un santo, es multimillonario y heredero de un cacicazgo sindical.
* Todo fue creado por el gobierno para favorecer a empresarios y golpear estructuralmente al PRI.


A través del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, el Poder Judicial de la Federación determinó anular la toma de nota que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, había realizado a favor de Elías Morales Hernández, como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMySRM), en sustitución de Napoleón Gómez Urrutia, a quien depusieron del cargo acusado de haberse beneficiado de un fideicomiso de 55 millones de dólares que el Grupo México entregó al sindicato, cuya administración le correspondía como líder minero.
Los mineros exigían que se aclarara el destino que había tenido ese dinero, que se auditaran las cuentas del sindicato y para ello iniciaron una serie de averiguaciones previas en contra de sus dirigentes encabezados por Gómez Urrutia, a quien de “destituyó” en una asamblea sindical que ahora se sabe nunca existió y de la que surgieron cinco actas en las que se le revocaba el nombramiento y se le concedía el liderazgo a Elías Morales, pero cuyas firmas se ha determinado que fueron falsificadas.
En base a ello el Poder Judicial dispuso que la STyPS anulara esa toma de nota por que se había realizado basándose en documentos falsos, sustentados por firmas apócrifas y que se volvieran las cosas al estado en que se encontraban anteriormente, es decir que se restituya en el cargo a Napoleón Gómez, lo que para muchos significa que habrá un borrón y cuenta nueva.
Pero la situación no acaba con la restitución del dirigente legítimo del sindicato, pues su destitución generó un grave conflicto en el gremio, ocasionó paros escalonados de actividades en las industrias minera, metalúrgica, siderúrgica y millones de pérdidas a muchas empresas, alza de precios en algunos productos básicos para el desarrollo industrial como el cobre, así como disputas violentas entre los seguidores de Gómez Urrutia y el impuesto Morales Hernández.
Refugiado en Canadá, país al cual huyó cuando fue destituido y se anunció la existencia órdenes de aprehensión en su contra, Gómez Urrutia denunció que todo era parte de un complot en su contra fraguado por el gobierno de Vicente Fox Quesada y acusó la injerencia gubernamental en la vida sindical, ello motivó que cientos de sindicatos efectuaran marchas y protestas para exigir la renuncia del entonces secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz y que el país estuviera al borde de un paro nacional para que se respetara la autonomía sindical.
No fue poca cosa el conflicto, a pesar de su exilio y de que salió a relucir la inmensa fortuna que posee, sus grandes propiedades, residencias y vehículos de lujo, así como las operaciones millonarias que sus hijos, esposa y hasta la suegra así como otros familiares realizaban, los que se mantuvieron fieles a Gómez Urrutia tomaron el control de instalaciones de grandes empresas como la Siderúrgica Nacional Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en donde el gobierno a través de la Policía Federal Preventiva intentó un desalojo violento, con un saldo de varios muertos y heridos entre los obreros que resistieron el embate oficial.
A causa del conflicto minero, el país perdió dinero y el gobierno de Vicente Fox se manchó las manos de sangre, volviéndose un gobierno criminal al que ahora se le achacan otros delitos por haber solapado la falsificación de los documentos y el uso indebido de documentos falsos para fines oficiales, por lo que Gómez Urrutia y sus abogados, iniciaron averiguaciones previas en contra de Elías Morales y los integrantes de su dirigencia, así como del ex-secretario Francisco Salazar y el ex-presidente Vicente Fox, a quienes quieren procesar por la responsabilidad que tengan en lo ocurrido.
Desgraciadamente la parte fundamental de la averiguación, que son los originales de la toma de nota y de las cinco actas de asamblea sindical que contenían las firmas falsificadas, fueron robadas del interior de la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República, lo que para algunos significa, que los sucesores de Fox y compañía han decidido convertirse en sus cómplices y solapar que los delitos en que hayan incurrido queden en la impunidad.
Ciertamente se han iniciado procesos contra el delegado de la PGR y el personal de la dependencia que tuvo acceso a la averiguación, pero esos son “charalitos” al lado de los peces gordos que quedarán en la impunidad, a pesar de haber causado un enorme conflicto sindical y social, de generar inestabilidad financiera y pérdidas a la industria y de haber motivado la muerte de mineros en los choques violentos.
La actitud delictiva del gobierno foxista esta debidamente probada, pues incluso el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, denunció públicamente, aunque bastante tarde, que el ex-presidente Vicente Fox le había pedido fabricarle delitos a Napoleón Gómez y responsabilizarlo de la muerte de los 65 mineros que fallecieron en el interior de la mina de Pasta de Conchos, donde aun siguen sepultados 63 cuerpos, en tanto que el rescate ya se detuvo.
Napoleón Gómez Urrutia tampoco es un santo, sin haber trabajado nunca en el interior de una mina, es heredero de una dirigencia sindical sostenida al más puro estilo caciquil y en la que por muchísimos años se mantuvo su padre Napoleón Gómez Sada, es por lo tanto, un multimillonario cacique dueño de bienes y propiedades cuyo monto podría superar los haberes de todos los afiliados al sindicato juntos, además de que sin contar que ya se le exoneró del delito de lavado de dinero que se le atribuía y del fallido proceso de extradición que le crearon, aun tiene cuentas pendientes con la justicia nacional.
Por ello suena hasta cínico cuando entrevistado en diversos noticiarios, Napoleón Gómez dice haber sido víctima de una mafia sindical, cuando su grupo también ha actuado mafiosa y caciquilmente para mantenerse en el poder gremial durante tantos años. Es igual que cuando Joaquín Hernández Galicia hablaba de las corruptelas de Carlos Romero Deschamps en el sindicato petrolero, olvidándose de que en su periodo hicieron lo mismo él, “El trampas” y otros más como Salvador Barragán Camacho, unos prófugos y otros presos como lo estuvo “La Quina”.
De que fue una campaña sucia del gobierno no hay duda, está demostrado que todo se fraguó para imponer “líderes” mineros a modo de la administración foxista y de sus intereses, que durante los seis años estuvieron al lado del sector empresarial y que también les sirvieron para golpear en su estructura al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual milita Gómez Urrutia, cuyo escándalo le restó un número indeterminado de votos a ese instituto que también sufrió el impacto del complot magisterial contra Roberto Madrazo, la multa de mil millones de pesos por parte del Instituto Federal Electoral y la vergüenza de tener entre sus militantes a personas como el “gober precioso” Mario Marín.
Tampoco hay duda de que el gobierno de Vicente Fox actuó como en los peores tiempos de la imposición y el despotismo, por lo que su proceder no debe quedar sin castigo, a pesar de que rueden las cabezas de funcionarios de alto nivel, de los que hoy son cómplices del “robo” de la averiguación y también deben incluirse las de los que usurparon la dirigencia minera e hicieron uso de los recursos económicos del sindicato, mientras que los obreros y mineros se debaten en la miseria.