Transparencia: Del dicho al hecho...
* Aun falta conformar el Instituto de Transparencia, unidades de enlace y elegir consejeros.
* Cuando alguien quiere ser transparente, lo es aunque no exista ley.
* En Hidalgo la transparencia va en retroceso.
El viernes 28 de julio se llevó a cabo el Foro Estatal para la conformación de la iniciativa de lo que pretende ser la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
Antes con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se realizaron 17 foros regionales en igual número de distritos judiciales a fin de recabar las propuestas por parte de barras y colegios de profesionistas, organismos no gubernamentales, servidores públicos, representantes populares, cámaras de comercio, clubes de servicio y público en general.
De acuerdo a información revelada durante el foro estatal, se registraron 2 mil 800 participantes, se presentaron 373 ponencias y 89 participaciones espontáneas, por lo que se espera que de las conclusiones se pueda conformar una iniciativa que sea aprobada en la Cámara de Diputados sin ningún problema, pues se supone que los foros pretendieron integrar un documento plenamente concensado, resultado de las opiniones y aportaciones de todos los sectores sociales.
Aún no se sabe cuando quedará debidamente integrado el documento, aunque el titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio Rojo García de Alba, ha expresado que es muy probable que la iniciativa se tenga lista antes de que finalice el presente año, de ser así, es posible que para el mes de diciembre o en enero del 2007, se pueda aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En los últimos días, el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong expresó ante un grupo de rotarios –con los que se reunió dos veces en una semana-, que su administración no le teme a la transparencia y casi en el mismo sentido se pronunció la secretaria de Finanzas Nuvia Mayorga Delgado al comparecer ante la LIX Legislatura del Estado, en el marco de la glosa del primer informe.
Desgraciadamente parece ser que del dicho al hecho, existe un gran trecho todavía en materia de transparencia en Hidalgo, pues si bien les va a los hidalguenses, contarán con la ley de la materia a finales del 2006 y se estima que dicho ordenamiento entrará en vigor un año después, es decir casi para culminar el 2007, tal como ocurrió con la ley federal, que fue aprobada por el legislativo en junio del 2002 y fue vigente a partir de junio del 2003.
Y esto ocurrió debido a que la ley federal contempló la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y les concedió un año como plazo a todas las dependencias públicas obligadas por esta norma, a la creación de las “Unidades de Enlace” con los usuarios, así como a conformar los comités técnicos que se encargarías de clasificar la información en “pública, reservada ó confidencial”, para que no cualquiera pudiera acceder a datos que pusieran en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad financiera del país, la integridad física de las personas y evitar que se revelaran datos personales.
Ese mismo procedimiento tendrá que seguirse en Hidalgo, una vez que se apruebe la ley tendrá que conformarse el Instituto Estatal de Acceso a la Información y realizarse el procedimiento de selección y nombramiento de selección de los consejeros que lo integrarán, así como definirse el perfil de quienes ocuparán dicho cargo y al mismo tiempo tendrá que clasificarse la información en los tres parámetros anteriores y designar a las unidades de enlace y sus directivos para que por fin se haga realidad lo establecido en el artículo 4º Bis de la Constitución Política Local respecto al Derecho a la Información.
Así es que lo que falta por hacer no es nada fácil, menos porque los poderes del Estado no han mostrado la voluntad suficiente para garantizar la transparencia en Hidalgo, se realizaron los foros, si y que bueno, pero se ha actuado con enorme lentitud, argumentándose que el tema es de gran importancia y no se podía hacer una iniciativa al vapor.
Pero la verdad es que de los 31 estados y el Distrito Federal, Hidalgo es una de las seis entidades en las que aún no se cuenta con una Ley de Transparencia y al paso que vamos y con todo lo que falta para que se apruebe y entre en vigor, es fácil suponer que los hidalguenses serán los últimos en la república en contar con ese instrumento jurídico y después habrá que ver si cumple las expectativas que ha levantado con la realización de los foros.
Dicen los legisladores que la ley de transparencia de Hidalgo será la mejor del país y esperamos que así sea, por que la falta de regulación en esta materia, mantiene a la entidad en la opacidad y el hermetismo y esta es una de las principales causas para que el Estado se ubique entre los primeros lugares en corrupción en el ámbito nacional.
Y ahí estará condenado a seguir si la ley se integra mañosamente, clasificando como reservada o confidencial información que no tenga ese carácter o si se crean lagunas legales que impidan el fácil acceso a datos gubernamentales que deberían ser públicos.
Ejemplos los hay muchos, pero podríamos decir que el asunto de las tuzodonaciones, el chequesgate, la entrega de concesiones de transporte público, el otorgamiento en comodato a particulares de bienes inmuebles propiedad del estado, así como la distribución de diversos apoyos, compensaciones salariales y prestaciones a servidores públicos y representantes populares y muchas cosas más que son de interés general, son cuestiones que por su carácter deben ser públicas, pero en Hidalgo es casi seguro que clasifiquen como confidencial porque en ese estado se actúa así, en los oscurito.
La Ley de Transparencia fue una promesa de campaña de los candidatos a gobernador y diputados locales en diciembre del 2004 y si antes no pasa nada se cumplirá a finales del 2007, en pleno proceso electoral para designar a quienes sucederán a los integrantes de la LIX Legislatura.
La falta de voluntad por parte del legislativo ha sido la principal causa de este atraso, pues es en la Cámara de Diputados en donde la transparencia en vez de avanzar, retrocede. Cuando Fernando Moctezuma Pereda se desempeñaba como coordinador de la LVIII Legislatura, en la página web del Congreso del Estado se podía consultar en su totalidad la nómina de este poder, incluyendo a los representantes populares y a todo el personal y esos datos actualmente han sido retirados.
Tambien se podían consultar las nóminas de los 84 Ayuntamientos, mismas que fueron retiradas durante varios meses y ahora que han vuelto a ser incluidas, la página registra muchos errores que impiden su consulta, eso parece más encubrimiento que transparencia y va en contra de lo que en los foros dicen promover.
Si alguien no tiene nada que ocultar y quiere ser transparente, simplemente lo es, aunque no haya una ley de transparencia que lo obligue a serlo, pero no, en el Congreso siguen con una política a la antigüita que en nada beneficia al combate a la corrupción, ni favorece la legalidad.
Cuando estaba por concluir el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, el entonces Secretario de la Contraloría, Jaime Costeira Cruz, tambien declaró que “No le tememos a la transparencia” y anunció que el cambio de administración sería “tan transparente” que incluso los funcionarios harían pública su declaración patrimonial a través del portal de Internet del Gobierno del Estado.
Como podrán darse cuenta los lectores, ni los funcionarios salientes ni tampoco los entrantes cumplieron con el ofrecimiento de revelar su situación patrimonial, lo cual parecía lógico, acorde a los reclamos y tiempos que se viven en la actualidad, sobretodo a lo que mucho han prometido los nuevos gobiernos de este y otros estados, que es el transparentar el ejercicio de la administración pública y no ocultarle a la sociedad nada que le pudiera interesar, pero finalmente resultó ser demagogia.
Lo mismo podría decirse del Congreso del Estado, del que a partir de ahora dependerá todo lo que falta para hacer realidad la ley. Mientras ello ocurre, bien harían en poner el ejemplo y volver a subir a la Internet la información que se ha desaparecido, como tambien se desapareció la página de compras del gobierno, donde antes se podía consultar que cosas adquiría la administración pública, a quien y a que precio y que tambien ha sido dada de baja.
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