Taxis: Concesiones sospechosas

* Paro de taxis para el 22 de agosto.
* Deben investigar a Medardo Becerril y líderes de taxistas
* Miles de concesiones concentradas en pocas familias
* Nadie sabe en donde quedó el dinero por el pago de los permisos

La convocatoria de la Agrupación Estatal de Choferes de Transporte Urbano y Suburbano, para que todos sus agremiados realicen un paro de labores el próximo lunes 22 de agosto, justo cuando miles de maestros y millones de alumnos de educación básica vuelven a las aulas, representa no solo una amenaza por parte de los trabajadores del volante, sino también una exigencia más para que las autoridades del Instituto Estatal del Transporte (IET), asuman su compromiso para que de una vez por todas, se aclaren las muchas dudas que persisten en torno a la entrega de miles de concesiones de taxi, al término de la pasada administración gubernamental.
Esta vez no se trata de un paro para exigir, como siempre, una alza a las tarifas de taxi, después de todo, los taxistas cobran lo que quieren por una dejada, imponen a su libre arbitrio el cobro ignorando la tarifa oficial y hasta se dan el lujo de tener su propio tabulador, uno para la mañana y otro para la noche, en la que los abusos no tienen medida alguna.
No, esta vez se trata de presionar al Gobierno del Estado para que depure el padrón de concesionarios, reconozca que hubo gran cantidad de abusos en la entrega de concesiones en los últimos meses del gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, ponga un freno a los acaparadores de taxis que han dejado sin oportunidad de progreso y sin patrimonio a miles de choferes auténticos e imponga sanciones administrativas y en su caso penales, a los funcionarios que de la anterior administración gubernamental se beneficiaron con la entrega de placas para el servicio público.
Así es que de realizarse, este no se tratará de un paro cualquiera, ni puede considerarse menor el problema que se la avecina al gobierno, si por un lado incumple su obligación de aclarar esta situación y por otro insiste en proteger a ex-funcionarios corruptos y en beneficiar tanto a líderes de taxistas como a sus familiares, que cada vez acumulan más concesiones y riquezas, sin que los verdaderos taxistas, los que manejan de mañana a tarde, de tarde a noche e incluso de madrugada, puedan obtener uno de los anhelados permisos, que se dieron a manos llenas, pero al parecer, solo para pagar favores políticos y asegurar el voto del gremio transportista a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si hemos de creer en las palabras del Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, Ramón Ramírez Valtierra, el ex-presidente municipal de Progreso de Obregón y ex-diputado local, Medardo Vicente Becerril Jiménez, es investigado por las muchas irregularidades que se cometieron durante su función como director del Instituto Estatal del Transporte, cargo que ocupó hasta el 31 de marzo pasado y en el cual, se dice, de dedicó los últimos meses de su gestión, a entregar las concesiones de taxi al mejor postor, violando toda normatividad y beneficiando a los monopolizadores del transporte en Hidalgo.
La Agrupación Estatal de Choferes de Transporte Urbano y Suburbano, no es la única que acusa la existencia de irregularidades en este sector, a finales del anterior gobierno y principios del actual, el autodenominado “Grupo 302”, representado legalmente por el abogado Arturo Gil Borja, hermano del actual rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue más allá en las acusaciones y denunció que fueron miles las concesiones de taxis que se entregaron, la mayoría a los líderes de las agrupaciones taxistas y sus familiares, a personas ajenas al gremio y que para obtener uno de esos permisos, tenían que pagar una “mordida” a las autoridades del IET, que recibían cantidades que van de los 150 mil al medio millón de pesos por cada juego de placas.
De manera injustificada el actual director del IET, Erick Cruz Becerra, se ha negado a dar a conocer la lista de quienes se beneficiaron con la entrega de una concesión, afirma que lo hará llegado el momento oportuno. Mientras eso ocurre, la vox populi dice que fueron aproximadamente 10 mil las concesiones que el Gobierno del Estado entregó, las calles lucen llenas de taxis cuyos choferes dan y dan vueltas por la ciudad en busca de pasaje y las inconformidades crecen, como también se incrementan las exigencias para que sea revisado minuciosamente el procedimiento que se siguió y para que se revoquen aquellos permisos que no hayan cumplido con la normatividad.
Las denuncias afirman entre otras cosas, que un diputado local, actualmente en funciones, recibió no menos de 20 concesiones para laborar en Pachuca, que el resto se distribuyó principalmente entre ex-diputados, ex-funcionarios, presidentes municipales y líderes taxistas afines al PRI, como Pedro Solares Cuevas, que recientemente en una entrevista dijo no haber recibido un solo permiso, aunque reconoció que “si se dieron algunos abusos, pero no como lo señala el ese grupo 302, que no sabemos ni quienes son”.
Es probable que de verdad Pedro Solares no haya recibido concesiones como dice, pero algunos documentos e investigaciones periodísticas, señalan que su esposa, Elizabeth Rodríguez Gálvez y su hermano Cristóbal Rodríguez Gálvez, recibieron seis permisos cada uno y hasta revelan que los números 6083 FUC, 6099 FUC, 6199 FUC, 6100 FUC, 6101 FUC, y 6104 FUC, así como los 6097 FUC, 6098 FUC, 6102 FUC, 6103 FUC, 6106 y 6108 FUC, corresponden a las matrículas que se les asignaron, sin que nadie lo haya desmentido hasta ahora.
Como tampoco se desmiente que Faviola Elena Solares Cuevas, hermana del dirigente, recibió cinco más, las que corresponden a las placas 6277 FUC, 6279 FUC, 6281 FUC, 6283 FUC, y 6285 FUC, lo que indica que tan solo esta familia recibió 17 permisos, pero no son los únicos que se beneficiaron de esta manera, hay otras personas como María Concepción Navarrete Omara y Rodolfo Castillo Morales anotadas con cinco taxis cada uno, pero no son los únicos.
En el mes de abril se reveló que en la misma situación se encuentran Cristóbal Rodríguez Reynoso, Leticia Fosado Gómez, Lourdes Silvia Mendoza Hosking y una familia de apellidos Munguía Fernández, esta última con 11 concesiones a su favor, lo que indica como cierto, que los permisos otorgados por el IET por muchos que hayan sido, se concentraron en pocas manos, violando la disposición legal de que solo se puede entregar un juego de placas por persona.
Otros beneficiados fueron Ricardo García Castro, Gloria Funes García, Rosa María Aguirre Meneses, Maria de los Ángeles González Fernández, María Teresa Castro Monróy, Susana Tapia Acosta, Beatriz Rubio Pelcastre, Marlene Zamudio Ruiz, Georgina Romero Cornejo, Alma Mariana Guevara Rodríguez, Estela Paredes Lara, Maricela Cebada Islas, Gilberto Agustín Valencia Pérez y Jorge Austria Jiménez, entre muchos otros, este último, presuntamente hermano de Melito, por mucho tiempo colaborador del Senador José Ernesto Gil Elourduy, deportista de pelota vasca que junto con su homologo Esteban Miguel Ángeles Cerón, fueron quizá los únicos que se opusieron al procedimiento que siguió el PRI para elegir a su candidato a gobernador en la reciente contienda electoral.
La sospecha de que se incurrió en muchas irregularidades en el otorgamiento de concesiones al término del gobierno de Núñez Soto, no es asunto menor, porque el ex-gobernador había expresado que los permisos les serian entregados a los viejos trabajadores del volante, que por años habían pertenecido a este gremio y que no contaban con un patrimonio familiar, por lo que se les daría prioridad a esos choferes y que no se beneficiaría a nadie cuyo otorgamiento no estuviera plenamente justificado por la ley y por cuestiones de justicia social.
El hecho de que la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante (FUTV) que dirige Enrique Maqueda Hernández; la Federación de Trabajadores del Volante (FTV) de Felix Téllez Girón y la Confederación Auténtica de Trabajadores del Volante (CATV) de Anastasio Paredes no hayan alzado la voz de protesta por esta situación, no significa que no haya irregularidades, las hay y así lo confirma la investigación que supuestamente realiza la Secretaría de la Contraloría.
Pero esa indagatoria, si es que de verdad existe, debe llegar no solo hasta el ex-comerciante de computadoras y algún tiempo prominente miembro del Frente Democrático Hidalguense, Medardo Vicente Becerril Jiménez, debe involucrar a otros como los ex-diputados locales Bernabé Cruz Flores y Carmina Lara García, al ex-presidente municipal Carlos Fayad Ruiz y al legislador federal, Emilio Badillo Ramírez, a los que se menciona como beneficiarios.
Es necesario que esa investigación incluya a los dirigentes de las 16 organizaciones de taxistas que existen en el Estado, a las familias que por años han monopolizado el transporte tanto en Pachuca como en otras regiones; Baste saber que tan solo la Federación Única de Permisionarios y Concesionarios de Hidalgo (Fupech), ha reconocido que en Actopan se entregaron 308 concesiones, pero la ciudadanía ignora a quienes se les otorgaron y porqué motivo se hizo.
“Un gobierno transparente, es un gobierno fuerte”, afirma el titular del Ejecutivo, pero la transparencia se ha aplazado y todo pretexto parece ser bueno para evitar el dar a conocer quienes recibieron las casi 10 mil concesiones en el pasado reciente, para que el pueblo confirme lo aquí dicho o este mismo llame mentirosos a quienes ponen en duda el procedimiento y se sepa en donde quedaron los muchos millones de pesos que el erario público recibió o debió recibir por concepto de pago de derechos.
No es casual entonces la protesta que cerca de 500 taxistas preparan para el próximo 22 de agosto y a esta, habrán de sumarse más si se sigue solapando a sujetos como Medardo Becerril y a los líderes de taxistas, que fueron los únicos beneficiarios con esta operación que a todas luces fue fraudulenta.

15 de agosto de 2005