¿Represión o Falta de tacto?

*Las manifestaciones de inconformidad se reprimen con el uso de la fuerza
*Doctores y enfermeras del Hospital del Niño DIF, claro ejemplo de ello
*Antorcha Campesina y vecinos de La Camelia, son objeto de presiones y amenazas para que callen sus inconformidades
Inconformes por los bajos salarios que perciben mensualmente, mientras que los trabajadores del sector salud perciben casi el doble y en ocasiones el triple por una labor igual a la de ellos, médicos y enfermeras, así como personal administrativo, de apoyo, trabajo social e intendencia del Hospital del Niño DIF, dependiente del Patronato Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, decidieron hacer público su malestar, a fin de que las autoridades locales escucharan su reclamo y encontrar juntos una solución a la problemática que ellos enfrentan.
De esta manera los empleados del Hospital del Niño DIF integraron lo que llamaron una Coalición de Trabajadores y en una asamblea, decidieron colocar mantas y pancartas en la fachada del nosocomio, en las cuales reclamaban “un salario digno” y prenderse de sus uniformes blancos, un moño y un letrero en el cual anunciaban que trabajarían bajo protesta hasta que se les homologaran sus salarios con quienes sirven al sector salud.
Con esta acción, médicos y enfermeras buscaban encontrar una pronta respuesta por parte del Estado y vaya que la obtuvieron, ya que en las primeras horas del jueves 16 de junio cuando colocaban las mantas, de inmediato se hicieron presentes un grupo de personas que ellos identificaron como “agentes de gobernación” y que luego de arribar a bordo de vehículos particulares sin placas ni identificación, les exigieron retirar sus pancartas, entregarlas y retirarse de su fuente de trabajo si es que aún no les correspondía laborar.
Ante la negativa a obedecer la exigencia, que según ellos les violaba su libertad de expresión, vino la represión por parte de los supuestos agentes, quienes de inmediato procedieron a la agresión tanto a hombres como mujeres y golpearon a dos de los trabajadores inconformes, Joaquín García Acosta y Estela Montiel Paredes, quienes recibieron empujones, patadas, cachetadas y jalones de cabellos, con lo que se disolvió la apenas naciente manifestación que realizaban de manera pacífica.
Faltaban pocos minutos para que el reloj marcara las 7:00 horas cuando se suscitó la agresión y los trabajadores solicitaron la presencia y apoyo de su director Horacio Mejía Gutiérrez, pero de nada les valió la asistencia del galeno, ya que a decir de los empleados del Niño DIF, él mismo fue agredido verbalmente por el Secretario de Seguridad Pública, Marcos Manuel Souverbille González, quien ratificó su exigencia de que se retiraran las mantas y amenazó con llevarse detenidos a quienes se opusieran, por lo que los más de 200 que se inconformaban tuvieron que ceder ante la presión oficial.
Los hechos ocurridos en el exterior del hospital, donde nunca se dio un paro de labores, son sumamente ilustrativos, igual lo son los acontecimientos posteriores, en los que mediante “el dialogo” con la Coalición, lograron reprimir el malestar de médicos y enfermeras, que no cumplieron su anhelo de ganar un poco más y que a cambio han recibido la amenaza de que habrá sanciones “para quien no realice bien su trabajo, incurra en alguna negligencia o maltrato”, que en otras condiciones habría sido interpretada como no represiva, pero que en este caso se complementa con la respuesta que recibieron a su petición: “nosotros no tenemos culpa de los salarios, si no les conviene o el gobierno no les ayuda, mejor que se vayan a sus casas porque es su trabajo".
Este caso encierra otras cuestiones igualmente cuestionables además de la actitud represiva por parte de la Secretaria de Seguridad Pública y el famoso CISE, Centro de Investigación y Seguridad del Estado; Los supuestos agentes aparecieron en el nosocomio desde la noche anterior y a decir de los trabajadores que se manifestarían al día siguiente, se hacían pasar como elementos de prensa para solicitar información.
La versión es creíble, porque el CISE opera de esa manera, a sus “orejas” los hace pasar como reporteros de diferentes medios de comunicación y así los filtra no solo en manifestaciones, sino también en reuniones de tipo político, conferencias de prensa y todo tipo de eventos de este carácter, en los que son plenamente identificados incluso por dirigentes partidistas, que en no pocas ocasiones “saludan” a los “enviados de gobernación” desde el micrófono.
De lo que no hay duda, es de que lo ocurrido en el Hospital Infantil por una protesta legítima y pacífica, fue un acto de represión y si ahí se ha exhibido la incapacidad de dialogo, lo mismo ocurre respecto a otras organizaciones, como lo es la Antorcha Campesina y Popular, (organismo filial al PRI), cuya dirigente en Hidalgo, Guadalupe Orona Urias, ha denunciado que militantes antorchistas planeaban marchar el jueves 16 de junio por las calles de Pachuca para exigir agua, luz, drenaje y diversos servicios para colonias populares.
Ese día el subsecretario de Gobierno, Francisco González Vargas, les pidió dialogar sin otorgarles respuesta a sus demandas, pero en cambio, personal de la dependencia, a fin de inhibir sus intenciones de marchar, protestar y manifestarse públicamente por sus carencias, los amenazó con iniciar una averiguación previa en su contra y les dijo que para ello contaban con el testimonio de una ex-integrante de la organización que acusaba a la dirigencia de un supuesto fraude.
Antorcha Campesina no se dejó intimidar y una vez más tomará las calles y se instalará en plantón el próximo 6 de julio, día en el que esperan como en otras ocasiones, la presencia de cientos de granaderos del grupo Fuerza de Tarea de la Dirección de Seguridad Pública y Transito del Estado y de personal del CISE que vigile su actuar para amedrentar la protesta.
Hace unos días en la Ciudad de Tulancingo, un grupo de vecinos del municipio de Cuautepec, esperaba la presencia del Ejecutivo Estatal para exhibir cartulinas y pancartas en las que exigían solución al problema del agua, pero personal de la Coordinación de Desarrollo Regional, les impidió hacer pública su protesta, cuando se supone que la gira de trabajo en la que se manifestarían, era precisamente para que los funcionarios conocieran la problemática que se vive en los municipios de la región.
Esta semana, habitantes de la comunidad La Camelia perteneciente al municipio de Pachuca se presentaron al Congreso del Estado para exigir la intervención de los diputados locales, para que se investigue el destino final que tuvieron más de 21 millones 500 mil pesos, que el sexenio pasado se autorizaron para la reubicación de 123 familias cuyos hogares se encuentran en zonas de alto riesgo y que para su seguridad recibirían terrenos totalmente urbanizados y paquetes de materiales de construcción por parte del Instituto de Vivienda y Desarrollo y Asentamientos Humanos, (INVIDAH).
Pero una vez más se hicieron presentes los agentes de gobernación, que les impidieron inconformarse y los invitaron a permanecer callados a pesar de que aún no han recibido los beneficios que se les prometieron y de que en su último informe de gobierno, el ex-mandatario Manuel Ángel Núñez Soto anunció que ya fueron reubicadas las familias afectadas por los hundimientos presentados en Pachuca, situación que para ellos constituye un engaño para el ex-gobernador por parte de quienes fueron sus funcionarios.
Por ello exigen una investigación en torno a la aplicación del dinero cuyo destino final no es claro y prefirieron pedir que el Congreso local investigue al respecto o que por lo menos se les aclare en manos de quien quedaron los lotes que se les ofrecieron en el fraccionamiento Los Pirules y si acaso se entregaron los paquetes de materiales o no, a quien y porqué motivo.
Todas estas acciones hacen pensar, que los responsables del manejo de la política interna en Hidalgo, podrían estar mal informados en relación al actuar de su personal, que con motivo o sin él, proceden de manera represiva como lo hicieron en el Hospital infantil y en el mejor de los casos con acciones intimidatorias y faltas de tacto como ocurre con la Antorcha Campesina, los pobladores sin agua de la región Tulancingo y los vecinos de La Camelia que aún esperan sus lotes y materiales de construcción para reubicar sus viviendas y alejarse del peligro que representa vivir en zonas de alto riesgo por los hundimientos.
En los últimos días se han presentado una serie de inconformidades en municipios como Cuautepec, Huazalingo y Zapotlán de Juárez, donde los vecinos decidieron tomar las alcaldías para ser escuchados; Otro problema serio se registra en Santiago Tlapacoya en Pachuca y ante la cercanía de los comicios municipales es previsible que surjan más inconformidades, pero si se sigue actuando con represión o falta de tacto, los conflictos podrían tornarse aún más graves sino se modifica la política impuesta por la Secretaría de Seguridad y el CISE.

27 de junio de 2005