Premio a la negligencia

La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá pagar próximamente una cuantiosa indemnización por concepto de salarios caídos, a un Agente del Ministerio Público que de manera injusta, fue suspendido de sus funciones la segunda quincena de septiembre del año 2000 y que hace unos días fue reinstalado en su cargo, en cumplimiento a un orden judicial derivada de un Juicio de Amparo, cuyo procedimiento se siguió en el Juzgado 1º de Distrito con residencia en Pachuca.
La historia del caso va más allá de la suspensión y posterior reinstalación de un servidor público; El asunto no es netamente de carácter laboral, representa una serie de negligencias y evidencia la incapacidad de funcionarios tanto de la Procuraduría de Justicia como de la Contraloría del Estado.
El municipio de El Arenal, fue el escenario de una tragedia en septiembre del 2000, fungía como alcaldesa para el periodo 2000-2003, la bien querida diputada local Adelfa Zúñiga Fuentes de Ramírez Álvarez, cuyo secretario municipal, Abel Serrano Pérez, que en estado de ebriedad festejaba la Independencia Nacional, agredió y baleó públicamente a dos jóvenes, José Alberto López Grees y Raúl Mohedano Grees, perdiendo la vida este último.
El protegido de Adelfa Zúñiga Fuentes se dio a la fuga, con el aval de la policía municipal y el delegado de la comunidad que le sirvieron de cómplices; Una vez que se hizo público este hecho, el agente del Ministerio Público de Actopan, José Raúl Escamilla, fue suspendido de sus funciones presuntamente por haber facilitado la libertad del ex-funcionario; La orden de cese provino de la entonces procuradora general Flor de María López González.
Después de un procedimiento judicial que duró 4 años y 8 meses en el Juzgado 1º de Distrito y en el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado, se concluyó que el representante social suspendido no había tenido ninguna responsabilidad en la fuga y que la negligencia fue culpa del entonces Ministerio Público adscrito al Hospital General de Pachuca, que no notificó oportunamente que Raúl Mohedano había perdido la vida, ni quien lo privó de ella.
Por ello fue reinstalado José Raúl Escamilla y en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo, se le deberán pagar salarios caídos correspondientes a 56 meses, el aguinaldo de 5 años, sus vacaciones y entregársele las prestaciones que le correspondían además del “Usted Disculpe”, cantidad que debe ser sumamente elevada y que liquidará la Procuraduría de Justicia, que no tiene prevista una partida para ello, que carece de muchísimos recursos y que forma parte de un gobierno que ante su falta de liquidez ha recurrido a políticas de austeridad como medida emergente.
A nadie más que a la entonces procuradora Flor de María López, se le puede atribuir la responsabilidad de esa suspensión que fue calificada de injusta por el Poder Judicial Federal y que ahora significará un daño patrimonial para el Estado. A pesar de este hecho que se ventilaba en los juzgados, López González recibió como premio a su negligencia el nombramiento de Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, cuya dependencia, precisamente es la encargada de comprobar y sancionar las acciones u omisiones que signifiquen responsabilidad en los servidores públicos y posteriormente se le designó Secretaria de Desarrollo Social por algunos meses, para finalmente otorgarle patente de Notario en el Distrito Judicial de Tizayuca, en el que parte de la fortuna que logró a su paso por tantas dependencias, la invirtió en un hotel y restauran llamado “Los Potrillos”.
Si de verdad la Procuraduría del Estado quiere actuar con Justicia, debe iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los funcionarios y ex-funcionarios que hayan provocado ese daño patrimonial que ahora deben reparar, denunciarlos públicamente y exigirle a la Contraloría del Estado su inhabilitación. No es de su bolso de Flor de Maria López, aspirante a presidenta municipal, del que se pagará ese dinero, sino del erario público que está muy necesitado de recursos, por eso debe buscarse su sanción.

Publicada el 16 de mayo de 2005