Sospechosismo y chequesgate

*La Falta de transparencia mantiene bajo sospecha el manejo de recursos públicos
*Cuando hay voluntad, no hacen falta leyes para hacer transparente el ejercicio público.
Posiblemente no haya nada irregular en el manejo que de los recursos públicos se realizó en la administración que encabezó Manuel Ángel Núñez Soto como gobernador, pero la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal, hace que inevitablemente queden bajo sospecha los resultados de una cuenta pública que aún no ha sido aprobada y que difícilmente, logrará el voto unánime de los legisladores locales cuando sea sometida ante el pleno de los Diputados.
La publicación que el 16 de mayo realizara el periódico “El Universal”, bajo el encabezado “Documentan desvíos por 24 millones en la administración de Núñez Soto”, es para muchos, la punta del iceberg de lo que pudo haber sido una inmensa corrupción en el gobierno que recién concluyó; Para otros, no es más que un dicho y afirmaciones sin sustento, que habrá que investigar, que tiene tintes de venganza política y deseos de desestabilizar al estado.
Lo que nadie puede negar, es que el “Sospechosismo”, término inventado por el secretario de gobernación Santiago Creel Miranda y hace unos días retomado por el dirigente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, se vive en todo su esplendor en Hidalgo, donde un grupo de funcionarios de la pasada y la actual administración, mantienen ante la sociedad, su nombre y honorabilidad bajo sospecha.
De acuerdo a lo reportado a la Procuraduría General de la República, por la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el expediente UIF/PGR/190/2004, Gerardo González Espínola, Laura Vargas Carrillo, Alberto Meléndez Apodaca, Marcial Alfredo Tovar Gómez, Nubia Mayorga Delgado y Aurelio Marín Huazo, se vieron beneficiados por la Secretaría de Finanzas y Administración, con la expedición de cheques a su favor, por 40 millones 744 mil pesos en solo dos días; el 15 junio del 2004, 24 millones y el 17 de junio, el resto.
Gerardo González es Secretario de Turismo y en aquella fecha se desempeñaba como funcionario de Administración de la Secretaria de Educación Publica; Laura Vargas es presidenta del DIF y antes fungía como directora de ese mismo organismo; Alberto Meléndez Apodaca, antes y ahora cumplía funciones como presidente municipal de Pachuca, ninguno de los tres tenia ni tiene que ver con el fallido proyecto aeropuerto y sin embargo el trío recibió 17 millones de pesos presuntamente para el pago de terrenos a ejidatarios que habían cedido sus predios para la construcción de la terminal aérea.
Del resto de los involucrados en el “chequesgate”, Alfredo Tovar y Aurelio Marín ya no participan en la administración pública, pero Nubia Mayorga si y desempeña una responsabilidad muy importante, la titularidad de la Secretaria de Finanzas, dependencia cuyo actuar en este asunto es el más cuestionado y por si fuera poco, ella de manera directa, es señalada de haber recibido 6 cheque a su favor, que representan un monto de 10 millones de 744 mil pesos y de haber realizado depósitos en sus cuentas personales por una cantidad global de 490 millones 801 mil pesos.
La publicación fue firmada por el reportero Juan Veledíaz, es para muchos una infamia, se pinta al reportero como sospechoso de servir a intereses de políticos que desean desestabilizar al estado y muchos ponen en duda el reportaje, más porque casualmente el mismo comunicador, fue quien los días 24 y 25 de febrero, firmó el trabajo de investigación que con el encabezado de “Con título falso, Osorio Chong se dice abogado”, puso en entredicho los estudios que de licenciado en Derecho, presuntamente cursó el titular del Ejecutivo local y que dio origen a la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH-1-3/066/2005.
Opiniones de diferentes analistas políticos, ubican sin sustento alguno, a Rodolfo Picazo Molina, exsecretario de Finanzas; José Guadarrama Márquez, exsenador; Gerardo Sosa Castelán, exrector y Élfego Romo Hernández, transportista, como sospechosos de haber filtrado documentos que se presumen oficiales, relativos al chequesgate, lo cual ha provocado que la Secretaria de Gobierno, a través de sus espías de la dirección de Gobernación, hayan intensificado su vigilancia para saber quien fue.
Lo cierto es que ninguna autoridad ha desmentido lo publicado, la PGR no ha expresado nada en relación a lo que el expediente citado llama “Operaciones inusuales” y que para El Universal es un “desvío de recursos públicos”; Funcionarios involucrados se han limitado a decir “no me acuerdo de nada” como lo hizo Gerardo González y el mandatario estatal únicamente reiteró que apoyarán la investigación si es que la hay y que pronto enviarán una ley de transparencia al Congreso Local.
Unos son sospechosos de filtrar información, otros de haberse quedado con el dinero, mientras que la transparencia parece ser la gran ausente en este asunto, en el que la duda persiste sin que nadie logre aclarar nada, sin que los funcionarios puedan comprobar su honorabilidad y recuperar la credibilidad de la gente.
Un buen ejercicio de gobierno seria el encuestar a la sociedad para saber quien cree en la publicación periodística de que se desvió dinero y quien se inclina por la versión oficial de que los recursos se destinaron a obras y acciones de beneficio común.
La transparencia podría servir para que quien así lo desee, pueda comprobar por si mismo en que obras fue invertido ese dinero y en que acciones se gastó. Pero no, no existe la normatividad jurídica para ello y entonces la sociedad tendrá que quedarse con la duda mientras los otros se quedan en el sospechosismo.
Cuando hay voluntad política, no hace falta que exista una ley para hacer transparente el ejercicio público, se transparenta y ya. De nada sirve el anunciar que cuando se apruebe la ley, todo el mundo podrá consultar, por ejemplo, cuanto gana un funcionario, se publica y listo, no hay para que esperar a que se cumpla el proceso legislativo.
Para qué caer en la falsedad que distingue al presidente de la República, Vicente Fox. Él prometió que haría realidad la Ley de Transparencia y así lo hizo en el 2002, pero si alguien desea consultar algún dato importante, se encontrará con que este se encuentra clasificado como reservado o confidencial.
Ciertamente no todo se puede dar a conocer, pero en el caso del chequesgate, muchas dudas se despejarían si se descorre el velo de misterio acerca del gasto público y se le explica a la gente que es lo que pasó con esos más de 40 millones de pesos sin esperar o aventarle la bolita a la PGR o la SHyCP para que investiguen.
Finanzas del Estado, concretamente Nubia Mayorga, que firmó los cheques y es a quien se señala de grandes depósitos a su favor, seguramente tiene esa información, para que darle más vueltas al asunto, para que seguir alentando la sospecha sobre un actuar que si fue honesto, merece el reconocimiento; Pero que, si fue incorrecto, debe recibir castigo.

Publicada el 25 de mayo de 2005