Los abusos policiacos

* Más de cuatro mil policías amenazan con ir a un paro de labores.
* La corrupción y represalias denunciadas en el mes de enero, se repiten en la actual administración.
* Sus demandas no fueron atendidas por haber apoyado a José Guadarrama Márquez del PRD.
* Marcos Souverbille y Sixto Hoyos, responsables de las pésimas condiciones de trabajo de los uniformados.
Por lo general cuando se habla en Hidalgo de abusos policíacos, se refiere uno a la serie de actos de arbitrariedad y prepotencia que distinguen a todas las corporaciones de policía que existen en la entidad; Sin embargo en los últimos días circulan en la clandestinidad, una serie de escritos y panfletos en los que se denuncian arbitrariedades no por parte de los uniformados, sino en contra de estos cometidos por sus superiores y ello podría llevar en un plazo realmente corto, a un paro de labores de la fuerza pública que depende de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
No es poca cosa lo que se denuncia en los escritos, lo mismo se habla de corrupción, que de vejaciones y atropellos en contra de los policías, igualmente de bajos salarios, falta de equipo para laborar, amenazas e intimidaciones que surgen desde la oficina del Secretario de Seguridad Marcos Manuel Souverbille González y del director general de Seguridad Pública y Transito del Estado, Sixto Hoyos Zamora.
Es grave todo lo que se acusa, pero lo es más que los responsables de la seguridad en Hidalgo, lejos de investigar y buscar solucionar el conflicto, insistan en negar la inconformidad de sus subordinados, que se pretenda confundir a la opinión pública diciendo que es solo un grupo minoritario el que no está de acuerdo con las políticas impuestas y que en realidad todo se trata de un problema por falta de información en los mandos medios y en la tropa.
El jueves 27 de enero estalló públicamente el primer síntoma de inconformidad en la Dirección General de Seguridad Pública y Transito del Estado (DGSPyTE), cuando alrededor de 500 policías que dijeron representar a 2 mil 500, decidieron bloquear el boulevard Luis Donaldo Colosio afuera del Cuartel de la Paz, para exigir la presencia del entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto y hacerle saber las irregularidades y corruptelas que prevalecían al interior de la corporación, para ese tiempo dependiente de la Secretaria de Gobierno.
Llamados por los propios uniformados, al cuartel se presentaron diferentes medios de comunicación, cuyos reporteros fueron corridos por el director de la policía Estatal, Víctor Hugo Raygadaz; Aún así se supo que a cada uno de los elementos policíacos se les habían descontado de su salario, diversas cantidades de dinero, desde 250 hasta 700 pesos en algunos casos, presuntamente para apoyar las campañas proselitistas que en ese momento llevaban a cabo los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la elección de gobernador y diputados locales.
Los policías exigieron la devolución de su dinero y el Secretario de Gobierno Aurelio Marín Huazo les prometió que así se haría, aunque nunca se supo si se cumplió o no, pero los uniformados aprovecharon para denunciar las pésimas condiciones de servicio en los que se encontraba el parque vehicular y el armamento de la corporación, la negativa de sus superiores a entregar uniformes completos para realizar su labor y una serie de actos de corrupción a los que eran obligados, como lo era el pago de 200 pesos para que se les autorizara un permiso de ausencia, la venta de plazas y el favoritismo existente para el otorgamiento de ascensos, por los cuales debían liquidar a los jefes hasta 15 mil pesos.
La campaña proselitista de todos los partidos se encontraba casi en la recta final y en la manifestación, los quejosos aprovecharon para expresar su apoyo a través de gritos y porras a favor de José Guadarrama Márquez, que fungía como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del Estado, lo que les valió recibir amenazas y presiones por parte de Víctor Hugo Raygadaz para que apoyaran al PRI incondicionalmente.
A través de ceses, arrestos y algunas otras medidas “disciplinarias”, la rebelión policíaca fue reprimida, desde entonces han pasado poco más de seis meses; Víctor Hugo Raygadaz ya no está como director y los subdirectores generales Fermín Hernández Martínez y Jorge Vázquez Canales tiempo después fueron removidos a otros puestos sin explicación alguna, llegado el nuevo gobierno se creó la Secretaria de Seguridad Pública con Marcos Souverbille como titular y en la DGSPyTE se nombró a Sixto Hoyos Zamora.
Pero las condiciones de trabajo no han cambiando para los uniformados, por el contrario la situación parece haberse agravado después de su osadía de apoyar al candidato del PRD, por el que tampoco pudieron votar, ya que el día de las elecciones se les impidió salir del cuartel a depositar su sufragio y ejercer su derecho constitucional, argumentándose que estaban reclutados para intervenir ante cualquier incidente, según lo denunciaron en su momento los mismos policías.
Transcurrido medio año, ahora son Souverbille González y Hoyos Zamora los acusados de actos de intimidación y la respuesta de la tropa ha sido la amenaza de ir a un paro de labores y una marcha desde la Glorieta 24 horas en caso de que no se resuelvan sus carencias, sino se les pagan viáticos, el bono que recibían por parte del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) y si no son destituidos los mandos corruptos, muchos de los cuales permanecen en la DGSPyTE por amiguismo y recomendación.
De las carencias que viven los policías, es ilustrativo lo que denuncian con relación a las patrullas tipo pick up, que tienen una capacidad para trasladar a solo seis uniformados en la llamada caja y que en ocasiones es ocupada hasta por 15 elementos en cada unidad, muchas de las cuales padecen además, problemas en el sistema de frenos y que en algún momento podría ser causa de un accidente de lamentables consecuencias.
Antes fueron 500 los manifestantes que decían representar a 2 mil 500 uniformados de todo el Estado, ahora son cerca de 3 mil 252 los trabajadores de Seguridad Pública, Transito y Vialidad y del grupo especial denominado “Fuerza de Tarea” los que a través de sus escritos advierten de la posibilidad de un paro de labores; Policías a los que podrían sumarse mil 500 más que según los panfletos pertenecen a la policía preventiva.
Denuncian que la mínima jornada de trabajo es de 12 horas, la cual constantemente se extiende a criterio de sus superiores, lo mismo que en la Policía Industrial Bancaria y de Servicios, que aglutina a mil 182 elementos, entre los que la inconformidad esta originada por carecer de seguro de gastos médicos y debido a la entrega discrecional de viáticos y ascensos solo para los incondicionales del director.
Dicen los policías quejosos que carecen de condiciones óptimas para poder trabajar, de infraestructura y preparación suficiente para desempeñar su labor, por lo que de seguir así, no estará lejos el día en que aún contra su voluntad se vean obligados a desobedecer el llamado Código de Ética, Disciplina y Lealtad al gobernador en turno, Miguel Ángel Osorio Chong.
Muy lejos de resolver las denuncias y carencias de los más de cuatro mil policías que amenazan irse a un paro laboral, los responsables de la Seguridad Pública en Hidalgo, donde la delincuencia gana terreno cada día aunque las estadísticas maquilladas lo nieguen, afirman que no se prestarán al juego de sus subordinados, se niegan a reconocer la existencia de las inconformidades y a instalar lo que podría llamarse mesa de negociación para la solución del conflicto que también crece, así como asciende el número de los protestantes, que con recursos propios y encubriéndose unos a otros, han recurrido al clandestinaje para hacer circular sus escritos y hacerlos llegar a los medios de comunicación para que la opinión pública se entere de lo que pasa y sepan los ciudadanos quienes son responsables del paro que podría presentarse.
Hace unos días se presentó con bombo y platillo el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en el que se anuncia como pretensión del gobierno, crear un gran frente con la delincuencia y el combate a la impunidad, pero dentro de la corporación policíaca que sería el eje de muchas acciones para cumplir esos objetivos, persiste la corrupción y la impunidad, son sus elementos los que la denuncian y tanto el Secretario de Seguridad como el director, los que haciendo oídos sordos, la propician y la solapan.
Si los uniformados deciden marchar por las calles de Pachuca para que la ciudadanía se entere de lo que ocurre, nada raro sería que una vez más se recurra a los ceses, arrestos y la aplicación de medidas disciplinarias para los organizadores a fin de acallar las protestas; Lo grave seria si conscientes de ello, los policías se inclinan por realizar el paro de labores, lo que dejaría en el desamparo y la inseguridad, aun mayor, a todos los hidalguenses, ante el beneplácito que ello causará a miles de delincuentes, mientras Marcos Souverbille González y Sixto Hoyos Zamora, se empeñan en querer aparentar que todo está bien, que nada malo ocurre y que los inconformes solo son unos necios que les quieren llevar la contraria.

18 de julio del 2005