La transparencia opaca

* Solo siete estados carecen de una Ley de Transparencia, Hidalgo es uno de ellos.
* Hay transparencia en México, pero no para todos.
* El Congreso del Estado oculta la información de las nóminas municipales.
* ¿Porqué desapareció la página de compras del Gobierno del Estado?

Si hacemos caso al discurso oficial, el Gobernador del Estado afirma que “Un gobierno transparente, es un gobierno fuerte”.
Sin embargo la transparencia, un término muy frecuente en los discursos de los últimos meses, parece ser un anhelo todavía muy lejano de cumplirse para el pueblo hidalguense, cuya entidad es en la actualidad, una de las siete de la República que aún carece de una normatividad para que los ciudadanos comunes, podamos conocer que es lo que hace el gobierno con los recursos humanos, económicos y materiales que este administra.
Para nadie es desconocido que en Hidalgo, pocas personas, pero solo aquellas que ocupan cargos de alto rango en la administración pública estatal, pueden conocer, que es lo que compra el gobierno, a quien lo hace, a que precio y sobretodo, para que lo ocupa.
Actualmente son 24 Estados de la República y el Distrito Federal los que cuentan con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Jalisco y Sinaloa, fueron los primeros en aprobarla, los últimos dos son Veracruz y Campeche, que para muchos es considerada la mejor ley del país en su tipo, pues no solo le da autonomía plena al Consejo Regulador de Acceso a la Información, sino que además le otorgó Fuero Constitucional a los integrantes del organismo.
Esta situación nos deja muy en claro una cosa, hay transparencia en México, si, pero no para todos, el resto de las entidades federativas, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco, continuan en un ambiente en el que reina es la opacidad.
El Estado de Hidalgo, es un caso especial, pues aquí la palabra transparencia parece ser una moda, muchas promesas giran en torno de ella, pero en los hechos lejos de avanzar en la conformación de una ley que la vuelva una realidad y contribuya a su consolidación, de manera discreta se han dado pasos hacia atrás, hacia el oscurantismo en lo que se refiere a la información gubernamental.
No es exagerado decir que en Hidalgo lejos de avanzar, se retrocede, hasta hace algunos meses la página de Internet del Gobierno del Estado, ofrecía un vínculo a quienes la consultaban para acceder a un portal, en el que podíamos verificar sin mucho detalle, una serie de compras que realizaba la administración estatal, concretamente el Poder Ejecutivo, contenía el nombre de las personas físicas y morales enlistadas en el padrón de proveedores, los bienes y servicios que se adquirían y lo mejor es que sabíamos a que precio.
De manera inexplicable, sin previo aviso y mucho menos justificación para ello, un día desapareció el vínculo y ahora solo podemos ver una lista de proveedores, las licitaciones públicas existentes y no sabemos más acerca de lo que compra el Gobierno. A cambio de ello se ha ubicado una carpeta que indica: “Transparencia financiera” en el que únicamente contiene una serie de leyes para consulta pública, ley de ingresos, presupuesto de egresos, análisis crediticios, el estado de ingresos y egresos del primer trimestre y un paquete de documentos difíciles de entender para el ciudadano común.
El Poder Legislativo del Estado, es quizá, el más obligado a procurar la transparencia y acceso a la información; Como un adelanto a lo que podría esperarse en esta materia, el Órgano de Fiscalización Superior dependiente de la LVIII Legislatura, había instalado en su página web un vinculo que daba a la ciudadanía la oportunidad de conocer las nóminas de las 84 Presidencias Municipales, en las cuales se observaba con claridad, sin duda y supuestamente sin error alguno, el monto de los salarios que mensualmente percibían todos los integrantes de la burocracia municipal, desde los alcaldes, hasta el más modesto de los trabajadores, pasando por cada una de las dependencias, la Asamblea Municipal, Síndicos Procuradores y Regidores.
Así nos enteramos de los abusos en los que habían incurrido presidentes municipales como los de Huejutla de Reyes, Tula de Allende y Tizayuca, por citar algunos ejemplos, cuyos titulares se asignaron para sí y para sus más cercanos colaboradores, elevadísimos salarios que rebasaban el promedio general. Sabíamos que la mayoría de las presidentas de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), también cobraban un sueldo por desempeñar un cargo que se supone es honorario y se podía constatar lo que percibía salarialmente lo mismo un jardinero o trabajador de limpias, que un policía, bombero o secretario de despacho.
También sin explicación alguna, el Órgano de Fiscalización Superior de la nueva legislatura local, la LIX, retiró el vínculo y por más intentos que se hagan por conocer los detalles de las nóminas municipales, ya no se puede hacer.
Por eso es que sin exagerar, puede afirmarse que en el Estado de Hidalgo se dan pasos hacia atrás, hacia la opacidad en el manejo de los recursos públicos y, aunque parezca que se están sentando las bases para crear una Ley de Transparencia, en la realidad aún no se cumple este cometido, se carece incluso de una iniciativa, la cual supuestamente será conformada después de realizarse una serie de foros de participación ciudadana y se estima, que será aproximadamente dentro de año y medio, es decir, para enero del 2007, cuando los diputados aprueben el mecanismo mediante el cual los hidalguenses tengamos acceso a la información pública gubernamental, según lo ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio Rojo García de Alba, quien acepta que “podría ser antes”, pero no dicen cuando.
Ciertamente en fecha reciente se firmó un convenio de colaboración y coordinación en materia de fiscalización con la Auditoria Superior de la Federación, que es un gran avance, pero para ello, el titular de la ASF Arturo González de Aragón, tuvo que denunciar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que los gobiernos locales de siete entidades federativas, se resistían a firmar los convenios que facultaran a los auditores a verificar el gasto de las partidas federales, Hidalgo era uno de esos estados que se habían negado.
Sin pretender que parezca un alabo, es la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, la única de las 84 que hay en el Estado, que ha creado una comisión de transparencia, exhibe en su página web la nómina municipal de todos sus funcionarios públicos, por ingreso, categoría y clave, las acciones que ha realizado cada una de sus dependencias, reglamentos por los cuales se rigen, proveedores, compras que se han realizado y hasta un comparativo con años anteriores, lo que le ha valido incluso el reconocimiento por parte de organismos especializados en la materia.
Pero lo que haga una presidencia municipal, es insuficiente si lo comparamos con la falta de transparencia que existe en el resto de la administración pública gubernamental, principalmente si analizamos que los tres poderes del Estado se resisten a hacer públicas sus finanzas, nóminas y adquisiciones. Tan solo el Poder Judicial que presume una certificación de calidad en materia administrativa, ni siquiera ha realizado alguna labor, ni ha instalado vínculo alguno que conduzca hacia la transparencia de sus acciones.
Hace un par de semanas, erróneamente un diario de circulación local anunciaba que en el Congreso del Estado de Hidalgo ya se analizaba una iniciativa de ley que garantizara la transparencia y acceso a la información pública del gobierno hidalguense, se le atribuían declaraciones al diputado Julio Menchaca Salazar que es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura y en un hecho que pasó desapercibido para la mayoría, se afirmaba que el proyecto de ley contemplaba como una posibilidad, la obligación de los periodistas para revelar sus fuentes de información y que cada medio de comunicación que solicitará un informe, explicara para que serían utilizados los documentos.
Afortunadamente no existe tal iniciativa, pues violaría el secreto profesional de los comunicadores, que el 7 de junio pasado se solicitó de manera formal que sea elevado a rango constitucional como una garantía individual en Hidalgo, situación que tampoco se da, como un signo más de que en la entidad, la transparencia está en el discurso oficial como algo claro, pero en los hechos, no deja de ser un anhelo y que la información gubernamental es hoy, más opaca que ayer.
Por desgracia los partidos políticos tampoco parecen estar interesados en esta materia, hace 28 años que el Acceso a la Información se anexó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una obligación que debe ser garantizada por el Estado, casi tres décadas después, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), creado en el 2002 y en funciones desde el 2003, recibió en sus primeros 19 meses de labor más de 77 mil solicitudes ciudadanas, un promedio de 111 diarias; 24 Estados han creado su ley de carácter local y siete entidades se resisten a hacerlo, insisto, Hidalgo entre ellas.
A tal grado llega la negativa en Hidalgo, que aquí nadie tiene en donde consultar ni siquiera el salario del gobernador, secretarios de despacho, diputados locales, jueces y magistrados, mucho menos que prestaciones reciben; Nadie sabe nada acerca de sus declaraciones patrimoniales, ni tampoco nombres, cargos y procedimientos administrativos que deben haberse instaurado en contra de los servidores públicos que no cumplieron con esa obligación.
Es de esperarse, que si los poderes del Estado de verdad tienen voluntad por lograr la transparencia, comiencen por difundir las nóminas de su personal, listas de proveedores, compras de bienes y servicios, contrataciones, arrendamientos y licitaciones de manera clara, aunque aún no haya un ordenamiento jurídico al respecto.
Igualmente se espera que los foros para conformar la Ley de Transparencia se hagan a marchas forzadas y que el proyecto no contenga tantos candados como la norma federal, en la que información clasificada como reservada o confidencial, queda en la absoluta secrecía, como lo están en Hidalgo, todas las acciones que emprende el gobierno.

29 de agosto del 2005