jueves, agosto 10, 2006

Impugnaciones en proceso y corrupción en el IEE

* Partidos políticos interponen impugnaciones.
* Los perredistas perdonaron al PAN, ¿Les llegaron al precio?
* Escándalo de corrupción en Guerrero, otra vez Samesa, proveedora del IEE de Hidalgo.
* Basta con comparar cifrar para sospechar corrupción en el IEE.

Sin haberse registrado disturbio alguno, 37 candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 23 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 20 del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido del Trabajo y dos del Verde Ecologista de México (PVEM), recibieron el pasado miércoles la constancia de mayoría que los acredita como triunfadores de la jornada electoral del domingo 13 de noviembre.
El computo oficial les dio el triunfo a 84 de los 344 aspirantes a una alcaldía y aunque por fortuna no hubo quema de urnas como se anunciaba en Zimapán y las inconformidades no pasaron de unas marchas en Tepeapulco, Huichapan y Acaxochitlán, algunos de los candidatos perdedores aún no quedan conformes y han decidido llevar su caso ante los tribunales electorales, a fin de que estos den la última palabra y confirmen o revoquen los resultados.
Y es que si, en algunos casos resulta bastante sospechoso el conteo, tal como lo afirma la candidata perredista de Tepeapulco, quien señala que según el resultado final, ella perdió por 15 votos de diferencia, pero asegura que más de 100 sufragios que se encontraban a su favor fueron anulados con el argumento de que la “X” se salía del rectángulo del PRD. Otro que también tiene razones para sospechar, es el priísta de Huejutla, quien fue derrotado por el aspirante del Sol Azteca, solo que ha pedido que se vuelva a contabilizar la votación porque hay 2 mil 72 votos anulados y ahí podría estar la diferencia entre ganar y perder.
Aunque el Tribunal Electoral del Estado no ha dado a conocer oficialmente cuantas impugnaciones recibió ni a que municipios corresponden, pues ni siquiera se han colocado los avisos en los estrados, se sabe que el PRI, ha interpuesto diversos medios de impugnación relacionados con los triunfos panistas en Calnali y Omitlán de Juárez, mientras que el PRD y el PVEM solicitaron la anulación de los resultados que dan el gane al candidato priísta de Acaxochitlán.
De los perredistas se sabe que presentaron las impugnaciones relativas a las alcaldías de Tepeapulco, Zimapán, Huichapan, Actopan, Metztitlán, San Bartolo Tutotepec y Tepehuacán, todas ellas ganadas por el PRI.
Pero en lo que al parecer se echó para atrás en sus intenciones la dirigencia perredista, es en el caso de los municipios adjudicados al PAN. El PRD a través de su presidente Luciano Cornejo Barrera había advertido que no habría perdón, olvido ni borrón y cuenta nueva para el panismo, sentenció que irían con todo en contra de los 20 triunfos panistas y ahora resulta que terminaron olvidándose de sus ánimos justicieros, que solo impugnaron el resultado de Yahualica y que otras más no las pudieron presentar porque no había quien se les recibiera la documentación en los Consejos Municipales Electorales.
Resulta verdaderamente sospechosa la conducta del dirigente del PRD y más del representante perredista ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Isidro Pedraza Chávez, -por ser él quien promovía la anulación hasta de las regidurías-, pues deberían saber que las impugnaciones no las resuelven los Consejos Municipales y su repentina decisión de perdonar a los panistas, hace creer a varios de los candidatos perredistas que resultan afectados, que pudo haber alguna negociación o simplemente que les llegaron al precio y se vendieron con el PAN.
El caso es que aunque fueron pocas, si llegaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, cuyos magistrados, Ricardo Cesar González Baños, Martha Concepción Martínez Guarneros, Fabián Hernández García y Raúl Arroyo González, este último en su calidad de presidente, tienen la responsabilidad de resolver conforme a derecho y es de esperarse que ellos no actúen tan mañosamente como parecen hacerlo Luciano Cornejo e Isidro Pedraza del PRD.
De cualquier manera, lo mejor de las inconformidades es que no se manifestaron de manera violenta, que haya prevalecido la razón y que las impugnaciones se hagan por el camino que marca la ley, lo cual es de desearse que lo entiendan bien los magistrados electorales, pues el hecho de que los candidatos perdedores hayan permitido la entrega de las constancias de mayoría para interponer sus recursos conforme a derecho, es una muestra de confianza en el organismo, cuya primera resolución, por cierto, dejó mucho que desear y finalmente fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).
Ahora la sala de primera instancia cuenta con un plazo hasta de 20 días para emitir su resolución, que si no está apegada a la ley, ahora si podría ocasionar la violencia que ahora no hubo.
CONSEJEROS BAJO SOSPECHA
El nuevo escándalo de corrupción surgido al interior del Consejo Electoral del Estado de Guerrero, pone una vez más en evidencia la forma en la que se conduce el otorgamiento de los contratos de adquisición del material y la papelería electoral utilizada durante los comicios.
En Hidalgo tuvimos dos procesos electorales este año, uno en febrero y otro más este 13 de noviembre y, aunque no existe fundamento para dudar o tener la certeza sobre la honestidad o deshonestidad de los consejeros electorales hidalguenses, la falta de transparencia en las adquisiciones que realiza el organismo, es motivo suficiente para la sospecha y más cuando se entera uno que la empresa Samesa, involucrada en los sobornos a los consejeros del Estado de México y de Guerrero, es la misma que provee al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
Hace algunos años también se hizo público que Servicios, Asesorías y Materiales Electorales S.A. de C.V. (Samesa), regaló unos vehículos a los consejeros electorales de Puebla para inducir su voto para la adjudicación de contratos y ahora resulta que en el Estado de Hidalgo, el 26 de agosto la misma empresa fue contratada por el IEE para la elaboración de los materiales electorales con una propuesta económica de 12 millones 292 mil 350 pesos, mientras que a Moore de México S.A. de C.V. se le dio el contrato para elaborar documentación electoral por dos millones 620 mil 509 pesos 97 centavos.
Ello no tendría nada raro si no fuera por que la misma Samesa, a través de una de sus filiales denominada Cartonera Plástica, presentó una cotización de 13 millones 199 mil 10 pesos y su competencia Formas Finas y Materiales presupuestó 11 millones 890 mil 235 pesos, lo que significa que los consejeros de Hidalgo eligieron la segunda oferta más cara, pero no se sabe porqué.
Lo que si se sabe es que en el Estado de México, las empresas Samesa y Cartonera Plástica, que presentaron allá cotizaciones de 63 millones 749 mil pesos y 56 millones de pesos, respectivamente, para la adquisición de 14 mil casillas electorales, contra la propuesta de 45 millones de Formas Finas y Materiales, llegaron a otorgar sobornos hasta por 7 millones y medio de pesos a los consejeros electorales, al final, pudo más la corrupción y se le adjudicó el contrato a la empresa que vendió más caro.
Respecto a Hidalgo, no hay evidencias, pero los número no mienten y en el caso de la elección de febrero, da la impresión de que el proceso electoral se condujo igual y que las adjudicaciones de materiales se realizaron de la misma manera; Son indicios, pero vale la pena el comentarlos para que si así ocurrió, se investigue.
De acuerdo a expertos en la materia, el precio promedio nacional para la fabricación oscila en los 2 mil pesos por casilla. En Hidalgo para la adjudicación del contrato de materiales electorales, participaron 5 empresas por invitación, más no por licitación: “Cristian Impresores”, cuyo representante legal es Agustín Báez; “Cartón Plas” de Luis Olazábal; “SAMESA” y “Cartonera Plastica”, ambas representadas por la misma persona, Artemio Rafael Castillo Ortiz y “Formas Finas y Materiales”, de José Antonio Carranza Sordo
Se eliminó a las dos primeras por cuestiones técnicas; Cumplieron los requisitos y comprobaron experiencia, capacidad y calidad, SAMESA, Cartonera Plástica y Formas Finas, que presentaron un presupuesto de 14, 15 y 6 millones de pesos, respectivamente, lo que hacia creer que si las tres ofrecían la mejor calidad, se le adjudicaría el contrato a la oferta más barata, pero no, el IEE-Hidalgo escogió la cotización de 14 millones.
Prefirió gastar 8 millones de pesos más, argumentando que se visitó las instalaciones de Formas Finas y unas áreas funcionaban a la intemperie.
En Hidalgo, la Comisión Electoral del IEE, integrada por los representantes del PAN y del PRI, el coordinador Javier González y el Consejero Francisco Javier Valdespino Arneaga, compraron cada una de las 3 mil casillas electorales, en casi 5 mil pesos, cuando lo mismo, mamparas, urnas, tinta indeleble y crayones que se utilizan un solo día y con la misma calidad, se podían adquirir en 2 mil, casi dos veces y media menos.
Si las cifras hacen sospechosa la negociación, hay que destacar una cuestión más; La misma empresa que aquí nos cotizó en 5 mil pesos la casilla; Seis meses después la vendió en el Estado de México, a 14 por ciento menos, en 4 mil 304 cada una, incluyendo los sobornos de los que ahora se sabe
Hay que insistir en que no hay más que el cotejo de cifras para suponer que aquí también se condujo la adjudicación con irregularidad.
21/11/05
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