Pueblo sin Ley

* El Conflicto de Atitalaquia puede provocar perdida de inversiones
* General Motors analiza el suspender su programa de inversión en Hidalgo
* Atitalaquia se convirtió en un pueblo sin ley.
* En vez de consignar a los responsables del enfrentamiento, se dio carpetazo al asunto como una salida política.
El sábado 18 de febrero, un diario de circulación nacional publicó que la empresa transnacional General Motors, que para el año 2006 pretende realizar inversiones importantes de diversos países, analiza con seriedad el desistir de su intención de traer nuevos capitales al Estado de Hidalgo, en el cual planea(ba) contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleo directas aún no cuantificadas.
La publicación afirma que el desánimo entre los directivos de la firma General Motors, surge como consecuencia de la inestabilidad política que para el Estado, significó el conflicto postelectoral surgido en el municipio de Atitalaquia, pero sobre todo la intervención poco afortunada que tuvieron las autoridades en la “solución” del problema y la salida política en un asunto en el que lo que debió imperar fue la ley.
Si General Motors decide cancelar el proyecto de inversión que tenia en análisis para el Estado de Hidalgo, tendrá cierta razón, porque precisamente el día en que se presentó el enfrentamiento violento entre los granaderos del grupo especial de la policía denominado “Fuerza de Tarea” y los civiles que mantenían tomada la Presidencia Municipal como un acto de Resistencia Civil, el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong afirmaba que es la estabilidad política y social que se vive en la entidad, la principal causa para atraer nuevos capitales en favor del desarrollo económico.
El conflicto surgido en Atitalaquia, no es un asunto menos, a pesar de que se trate de un municipio en el que cuentan solo con 30 mil de los 2 millones de habitantes que tiene el Estado, es decir el 1.5 por ciento, pues siendo un problema relativamente pequeño, en vez de privilegiarse el dialogo y la concertación para solucionarlo, se empleo a la fuerza pública para el desalojo de los inconformes que tenían en su poder la sede del Ayuntamiento.
Algunos podrán decir que el método empleado por el Estado para acabar el conflicto fue el correcto, pues se supone que la fuerza pública está precisamente para imponer el orden mediante la coacción si es necesario, pero el proceder errático de quienes estuvieron al frente del operativo y desde la comodidad de su oficina esperando los informes, generó un número aproximado a los 150 heridos y pérdidas materiales no cuantificadas, pues se provocaron destrozos en vehículos oficiales y particulares, en el edificio de la alcaldía y más de 50 bicicletas que fueron quemadas durante el enfrentamiento.
Es innegable que las autoridades tenían razones para intervenir en la solución del conflicto de carácter postelectoral, porque los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil que denunciaban un presunto fraude electoral en contra del ex-candidato panista a la presidencia municipal, David Reyes Santamaría se oponían a reconocer la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dio el triunfo al priísta Severiano Claudio Espinoza y con ello impedían la buena marcha del municipio, pero el método empleado para imponer la ley, representó un exceso de fuerza y generó gran cantidad de lesionados de manera innecesaria.
Como es del dominio público, la madrugada del martes 14 de febrero, alrededor de 600 elementos de policía hicieron presencia en Atitalaquia para ejecutar el operativo desalojo de los manifestantes, pero estos tal como lo habían advertido, se mostraron dispuestos a defender incluso por la fuerza, lo que creyeron que era correcto, pues instigados desde Pachuca por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, apostaron por crear un clima de ingobernabilidad que según sus cálculos derivaría en la desaparición de poderes en el municipio.
Desde el viernes 6 de enero, fecha en que el Tribunal Federal Electoral dio a conocer su resolución a favor de la planilla del Partido Revolucionario Institucional, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Guillermo Bernardo Galland Guerrero, llamó a los panistas a conformar un bloque de resistencia civil para no permitir que Severiano Claudio rindiera protesta como presidente municipal, publicó desplegados a través de diversos medios de comunicación para que no reconocieran la legitimidad del priísta al que se había ordenado entregar la constancia de mayoría y fue ahí donde surgió el conflicto.
En sus conferencias de prensa, Guillermo Galland aseguró que interpondrían los recursos legales que fueran necesarios para revertir la resolución y con ello alentó al Movimiento de Resistencia Civil a apoderarse de la alcaldía, lo cual no fue suficiente para impedir que Severiano Claudio rindiera protesta como presidente municipal.
A la resistencia panista se sumaron grupos representativos de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, con lo que el sector disidente de Atitalaquia creció y se arreciaron los problemas, pues conforme avanzaban los días, en vez de estabilizarse el gobierno priísta, se le impidió iniciar sus funciones con normalidad, prácticamente se secuestraron las instalaciones del Ayuntamiento y el parque vehicular de este.
Los panistas siguieron adelante con sus reclamos y la dirigencia del PAN en una actitud abiertamente beligerante, siguió emitiendo declaraciones para exigir la desaparición de poderes, reclamo que fue llevado a la máxima tribuna legislativa del Estado, por el diputado local, Rodolfo Alejandro Chavero Bojorquez, ex-priísta que sabiendo que la resolución del TRIFE era irreversible, alentó con su propuesta que el Movimiento de Resistencia Civil tomara diversas medidas para impedir al gobierno legalmente constituido, la prestación de servicios municipales, como lo es el relativo a limpias, así como la entrega de material correspondiente al programa abrigo.
El caso es que el conflicto de Atitalaquia creció, a grado tal que los manifestantes, violando toda disposición legal, decidieron desalojar al presidente municipal Severiano Claudio Espinoza, de la sede alterna que estaba utilizando el Ayuntamiento, lo que obligó la intervención de las fuerzas del orden para garantizar que no se perdiera la gobernabilidad y creciera la problemática existente.
Lo malo está en que el operativo policiaco encabezado por el Secretario de Seguridad Pública, Marcos Manuel Souverbille González, se les salió de control, pues los manifestantes habían acumulado explosivos e hidrocarburos en el interior de la presidencia tomada, convirtiéndose el desalojo en un enfrentamiento que derramó mucha sangre y derivó en la comisión de muchos ilícitos.
De ninguna manera puede decirse que el operativo fue exitoso, pues a pesar de los casi 150 heridos, los muchos daños causados y los 86 detenidos, pocas horas después del zafarrancho, la alcaldía ya se encontraba una vez más en poder de los inconformes y tuvo que ser la negociación y no la imposición de la ley, la que finalmente acabó con el problema.
Lo grave es que existen averiguaciones previas que se levantaron con motivo del conflicto, se detuvo a responsables de los daños, se violaron derechos fundamentales de los manifestantes y se llegó precisamente a la ingobernabilidad que no se quería, la cual se mantuvo así por más de 48 horas, en las que en Atitalaquia se suspendieron por completo los servicios del Ayuntamiento, así como los religiosos, educativos y de salud, evidenciando la incompetencia de la autoridad, que al final tuvo que dar carpetazo.
Han pasado seis días desde que se originó el enfrentamiento entre policías y manifestantes y parece que no hay autoridad capaz de castigar a los responsables, pues los procedimientos judiciales se detuvieron y aquellos dirigentes políticos como Guillermo Galland Guerrero, que propiciaron todo el problema, quedaron en la más completa impunidad, como también lo está el diputado local Rodolfo Chavero.
Ante un panorama así, no es errático decir que Atitalaquia es un pueblo sin ley, pues el Movimiento de Resistencia Civil pisoteó las disposiciones legales y los policías abusaron de su autoridad hasta que se cansaron, provocando con ello que el Estado de Hidalgo fuera visto a nivel nacional, como una entidad, en la que habiendo muchos delitos en un solo hecho, se prefirió una salida política al conflicto antes que consignar a los responsables.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, debe analizar con lupa la actuación que Guillermo Galland y Rodolfo Chavero tuvieron en este conflicto de lamentables consecuencias, e iniciar en contra de ellos los procedimientos estatutarios que marquen su doctrina, para que a pesar de su irresponsabilidad, no queden sin la sanción que seguramente les corresponde.
El Partido Acción Nacional exhibió su lado violento en el conflicto y pisoteó la ley. El Estado por su parte mostró a todo el país su incapacidad para resolver un problema postelectoral.
Cuando todo parece haber terminado, ahora se sabe que por causa de esa situación, empresas como General Motors prefieren darle la espalda a la entidad hidalguense, antes que exponer sus inversiones en un Estado que para los medios de comunicación y el sector empresarial, no existe la estabilidad política, ni el imperio de la ley que sus autoridades pregonan.
20 de febrero de 2006