Gobiernos endeudados y Alcaldes Nepóticos

* Millonarios adeudos en Tula, Pachuca, Alfajayucan, Zapotlán, Tulancingo, TLaxcoapan y Chilcuautla.
* Ni lápices para trabajar en Ixmiquilpan; 115 juicios pendientes contra la alcaldía de Tepeji.
* Alcaldes y funcionarios de Almoloya y Tulancingo disfrutan el orgullo de su nepotismo.
* El Congreso del Estado, responsable en gran parte de todas las anomalías.

“No hay ni un peso para trabajar en la alcaldía”. No existe suficiente dinero para saldar insumos como gasolina, diesel, papelería y llantas del parque vehicular. Ese es el caso de la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, el ex-alcalde Carlos Felipe Hernández dejó las arcas vacías y algo más, un adeudo superior a los 600 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversos pagos pendientes con diferentes proveedores que han provocado que la nueva administración, solicite en calidad de urgente, partidas presupuestales extraordinarias por dos millones de pesos.
No es el único caso, ni el más grave; La nueva administración del municipio de Tepeji del Río, se encontró con una situación mucho más delicada, heredaron 115 denuncias de carácter civil, penal, laboral y mercantil, así como Juicios de Amparo en un estado procesal en el que se puede decir que casi todas las demandas se encuentran perdidas.
Todas en su conjunto representan para la Presidencia Municipal un adeudo millonario cuyo monto aún no ha sido cuantificado.
En el municipio de San Agustín Tlaxiaca, el nuevo gobierno se encontró con algo igualmente delicado, la anterior administración decidió el remate de todo el parque vehicular, por lo que no se cuentan con vehículos para realizar su trabajo, ni se tiene el dinero necesario para adquirir nuevos automóviles y camiones que permitan a la alcaldía realizar las más elementales labores.
Situaciones así se repiten en una gran cantidad de presidencias municipales; En Zapotlán de Juárez el presidente municipal saliente, Guilebaldo Recinas García, no solo llevó a la ruina al gobierno, sino que además dejó pendientes una serie de pagos de carácter millonarios, como los que no pudo o simplemente no quiso cubrir con organismos como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) y la Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales, que ahora deberá afrontar el nuevo Ayuntamiento. Aún así Recinas García llegó a presumir de lo que calificaba como una excelente administración y hasta alardeaba que se convertiría en el secretario municipal de Pachuca, lo cual por fortuna para los pachuqueños no consiguió.
En el municipio de Alfajayucan, adicional a las deudas quedaron pendientes otro tipo de problemas: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) ordenó la reinstalación de 33 trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos hace tres años y el nuevo gobierno deberá reubicarlos en sus anteriores puestos, lo cual no exime a la tesorería del pago de 4 millones 126 mil pesos que se adeudan por concepto de salarios caídos. También está pendiente la indemnización a una mujer que reclama el pago de daños que se le causaron a un tractor de su propiedad.
Hay algo más: En la Presidencia Municipal de Chilcuautla, se registra un faltante de unos 800 mil pesos no justificados en obra pública, adeudos por 2 millones 479 mil pesos de alumbrado público y un millón 380 mil pesos por el pago de salarios caídos a trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y que deberán ser reinstalados si es que no se quiere que esa cantidad aumente o que se les tenga que liquidar una indemnización.
En Tula de Allende, el gobierno de Juan Manuel Cárdenas heredó gran cantidad de deudas, muchas de ellas con trabajadores sindicalizados; pagos pendientes por concepto de luz, agua y teléfono y en la tesorería no se encontró dinero para cumplir con los compromisos, como tampoco lo hay en el municipio de Tlaxcoapan, donde las deudas superan los nueve millones de pesos.
También en Tula de Allende se hizo público, que días antes de que se realizara el cambio de poderes, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, decidieron hacer un paro de labores como medida de protesta porque no se les habían pagado sus sueldos, ni tampoco se les entregó su aguinaldo, misma situación por la cual se sumaron a la suspensión de actividades los trabajadores del rastro, limpias y diversas áreas en las cuales, hasta hoy, no se sabe que se haya cubierto la nómina.
En otros lugares como Pachuca, la administración de Omar Fayad Meneses se encontró con deudas pendientes por casi 35 millones de pesos y en Tulancingo de Bravo, el gobierno de Ricardo Bravo Delgadillo, recibió una alcaldía endeudada con la CLyFC, diversos juicios en proceso en contra del Ayuntamiento, un parque vehicular en ruinas, los bienes inmuebles de la presidencia en muy mal estado y un excesivo aparato burocrático. En Mineral de la Reforma, Alejandro Islas Pérez tiene que lidiar con que cuatro de las cuentas bancarias de la tesorería se encontraban embargadas por la JLCyA y lo mismo sucede en Zempoala.
Seria inacabable el enumerar los problemas que enfrentan desde el lunes16 de enero los nuevos gobiernos municipales, pero los casos aquí citados, revelan en una gran medida los graves conflictos de carácter económico que tienen las 84 alcaldías de la entidad, en las que hoy 30 de enero, los ungidos como alcaldes deberán afrontar el pago de salarios a los trabajadores de la administración, situación que en muchos de los casos no tienen el dinero necesario para cubrir la nómina de funcionarios y empleados, es más, ni siquiera de los miembros superiores del Ayuntamiento: Alcaldes, síndicos procuradores y regidores.
A toda esta situación de virtual quiebra financiera que existe en muchas de las presidencias municipales, se suma un nuevo problema, que es la voracidad con la que se conducen algunos de los nuevos alcaldes, que han encontrado en el erario público, la oportunidad de enriquecerse ellos y sus familias, por lo que antes de que cumplieran su primer semana como jerarcas de su pueblo, han decidido incluir en la nómina a toda su parentela posible, a fin de allegar a sus consanguíneos, todo el dinero que se pueda.
Situación por demás ejemplar del nepotismo en su pleno apogeo, lo es sin duda la que se vive en el municipio de Almoloya, donde el alcalde panista Gabriel Hernández Fernández, ha reconocido que cinco familiares suyos colaboran en diversas áreas de la presidencia municipal, aunque según él, lo hacen en “puestos de poca importancia”, como es el caso del Contralor Genaro Martínez Hernández, quien resultó ser su primo, igual que Gregorio Olvera Ramírez, que funge como secretario particular.
En el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha colocado a dos de sus primas, Rocío y Sandra Martínez Hernández y para que nadie de los parientes se queje, también le dio trabajo a su sobrina, Alicia Martínez Portillo.
El nuevo edil que prometió honestidad y transparencia durante su campaña, justifica su actuar argumentando que lo mismo ocurre en otros municipios como Zempoala y Tlanalapa, pues acusa a sus homólogos Vicente Suárez Hernández y Francisco Castañeda Castillo, de haber insertado en la nómina a sus parientes directos.
Quien ni por equivocación a intentado justificar este proceder, es el nuevo presidente municipal de Tulancingo de Bravo, el perredista Ricardo Bravo Delgadillo, que hace unos días fuera exhibido por los medios de comunicación, de haber ubicado a su prima-hermana Nidia Delgadillo Aguilar como directora general del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo en el que otro funcionario de la administración, el Oficial Mayor Santiago Morales Hernández, encontró la oportunidad de que su hijo, Giovanni Morales Piña, fuera nombrado titular del área jurídica, sin importar que en ambos casos el parentesco sea directo, lo que de manera expresa está prohibido por la Ley Orgánica municipal.
Tener parentesco por consanguinidad o por afinidad de manera directa, es un impedimento para que presidentes municipales y funcionarios, contraten a sus familiares como colaboradores o empleados, pero a muchos de los nuevos alcaldes, poco les importa esta situación y han decidido actuar de manera nepótica, a pesar de los graves problemas que han heredado, lo cual demuestra de manera clara, que la única preocupación que tuvieron al asumir la titularidad del Ayuntamiento, es beneficiar a su parentela, como ocurre en Almoloya y Tulancingo y se dice que también en Zempoala y Tlanalapa.
Pero no solo los alcaldes y funcionarios tienen la culpa de ello, gran parte de la responsabilidad de las millonarias deudas que dejaron las anteriores administraciones, la tiene el Órgano de Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados, pues se afirmó que esta dependencia se aseguraría de que la entrega-recepción se hiciera de manera legal, transparente y sin problema alguno y ahora podemos ver que en algunos casos los presidentes municipales salientes se llevaron hasta los lápices y no dejaron con que trabajar.
La negativa del Congreso del Estado al fomento de una política de transparencia y rendición de cuentas, también es motivo para que en diferentes municipios de Hidalgo se vivan impunemente situaciones de nepotismo probado como las de Almoloya y Tulancingo, pues fue la Cámara de Diputados, la que de manera injustificada retiró de su página de Internet todas las nóminas municipales que ahí podían ser consultadas y de seguir ocultándose esa información, será cada vez más difícil detectar casos como los aquí descritos, que traicionan la confianza de los electores y lesionan seriamente las de por si maltrechas finanzas públicas.
Aun así, la versión oficial indica que “Los cambios de administración se realizaron sin problema alguno en los 84 municipios”, lo que hace suponer que no se han dado cuenta de que los nuevos gobiernos están sumamente endeudados y que algunos alcaldes emulando a José López Portillo, ejercen “el orgullo de su nepotismo”, sin contar que problemas igual de graves o más, se padecen en lugares como Atitalaquia, donde la ley parece no existir y la autoridad tampoco.

Publicada el 30/01/06