Los Reclusorios

* Armas y drogas en los reclusorios de Hidalgo.
* Irresponsable actitud de los funcionarios encargados de administrar las cárceles.
* El gobierno parece no haber aprendido la lección de 1988.
* Hacinamiento, corrupción y autogobierno en reclusorios, males denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A pesar de los intentos iniciales de la autoridad por ocultar la información, el lunes 20 de febrero del 2006, pudo conocerse que en el Centro de Readaptación Social para Adultos ubicado en el municipio huasteco de Jaltocán, Hidalgo, se localizaron armas de grueso calibre, parque y radios de comunicación en el interior del Cereso, presuntamente destinados a llegar a manos de los reclusos, quienes se supone pretendian organizar una fuga masiva de presos, la cual de haberse consumado, se habria realizado a sangre y fuego, con una gran cantidad de vidas perdidas.
El hallazgo realizado durante un cateo calificado como “ordinario” por las autoridades, no es un asunto menor, pues dejó entrever la inseguridad que priva al interior de los Centro de Readaptación Social que existen en la entidad, así como la corrupción imperante y la complicidad existente entre los reos y los directivos de las cárceles, porque de otra manera no se puede entender el ingreso de las armas, que resultan ser para uso exclusivo del Ejercito y la Fuerza Aerea Mexicana, según lo marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Se localizaron un rifle de asalto tipo AK-47 mejor conocido como “Cuerno de Chivo”, una sub-ametralladora UZI .9 milímetros, dos pistolas escuadra calibre .9 milímetros y una más calibre .45, así como 147 cartuchos útiles y dos radios Walki Tolki de comunicación marca motorola 200-300 de largo alcance, que en conjunto significan un arsenal con el que los reos pudieron haber generado una masacre y logrado la fuga de muchos de quienes cumplen condena o se encuentran sujetos a proceso penal en el interior de la cárcel conocida como “La Lima”.
Ocho días después de haber sido localizado en arsenal, las autoridades han sido incapaces de identificar a las personas involucradas en el fallido intento de fuga, aún no se sabe con certeza quien llevó las armas hasta ese lugar, ni tampoco a quien o quienes estaban destinadas para llegar.
De lo que no hay duda es de que estaban en el interior del penal, concretamente en el taller de carpintería en el cual diariamente trabajan muchos reclusos y que para su introducción escondidas en la parte media de unos troncos de madera que servian como ‘estuches’, tuvo que existir la complicidad de algunos de los celadores, cuya función es vigilar a los presos y evitar que los presos cuenten con armas, labor que según lo evidencian los hechos, no cumplen a cabalidad.
Existe en Hidalgo una dirección general de reclusorios a cargo de José Luis Jiménez Padilla, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Marcos Manuel Souverbille González, la cual administra los 12 Centros Penitenciarios y un Consejo Tutelar para Menores Infractores.
De las cárceles existentes, solo una es considerada como de mediana seguridad y se ubica en el municipio de Huejutla de Reyes y en todas ellas se encontraban recluidas hasta el lunes dos mil 148 personas, cifra que varia diariamente debido a los ingresos y a aquellos que por diversos motivos recuperan su libertad.
Según información oficial, en ‘La Lima’ se cuenta con 70 custodios y 197 reos, en su mayoría por delitos como robo agravado, violación, homicidio, asalto a transeúntes, venta y distribución de drogas, que por las características del tipo penal, los hace ser considerados como de alta peligrosidad a algunos, lo cual quedó demostrado con su fallida fuga, pies es más que evidente que planeaban salir de la cárcel por la fuerza y las armas hacen suponer que nada los detendría en su intento por recuperar la libertad.
Lo grave del caso radica en la incapacidad mostrada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Reclusorios para impedir el ingreso de las armas al penal, identificar a los responsables, tanto reos como custodios y la imposición de sanciones.
En últimas fechas se ha hecho público que la Secretaría de Seguridad, realiza cateos sorpresivos en diferentes cárceles de la localidad y al menos en los casos de Tula de Allende y Tulancingo de Bravo, no se han localizado armas, pero en cambio si, drogas aunque sea a menor escala.
Según el funcionario Jiménez Padilla, en el Cereso de Tula se encontró “un mini-cigarro” de marihuana y en el penal de Tulancingo tres grapas de cocaina, lo cual para él no represente problema ni es grave, por lo que puede considerarse que sus declaraciones no solo son ridículas sino también irresponsables, pues no se concibe que al responsable de vigilar la buena marcha de los ceresos se le informe que al interior de una cárcel existen drogas y él lo vea como algo intrascendente.
Que en una cárcel se localice marihuana, en otra cocaina y en una más armas de grueso calibre, revela que en Hidalgo los reclusorios llegan a una situación por demás grave, aunque los funcionarios quieran verlo de otra manera, pues ambas situaciones en conjunto, deben representar motivo de alarma, si se quiere evitar que los centros penitenciarios se sigan considerando como lugares de capacitación delincuencial, en vez de centros de readaptación en los que impere la ley.
Por todos es conocido que la corrupción es el más grave mal de las cárceles de todo el país, incluyendo Hidalgo, en los que aunque las autoridades lo nieguen siguen existiendo privilegios para unos cuantos reclusos, explotación para otros más, hacinamientos en la mayoría de ceresos y circulando en su interior lo mismo teléfonos celulares que drogas y ahora también armas.
El jueves 21 de abril de 1988, el Centro de Readaptación Social para Adultos de Pachuca, fue escenario de un sangriento intento de fuga, que costó la vida al director del reclusorio, el teniente Roberto Baca Morales y de cuatro reclusos que no titubearon en utilizar armas y dinamita para buscar su libertad a costa de lo que fuera.
En aquella ocasión el Gobierno del Estado estaba a cargo de Adolfo Lugo Verduzco como gobernador y la seguridad en las cárceles correspondia al director de reclusorios Saúl Torres Millán, cuyos esfuerzos resultaron insuficientes para impedir la masacre y el amotinamiento de reos, lo cual tampoco pudo impedir el director de la Policía Judicial, Rafael Herrera Cabañas, hasta que intervino empuñando una ametralladora, el general Vicente Osorio Hernández, -tio del actual mandatario Miguel Ángel Osorio Chong-, quien se desempeñaba como director general de Seguridad Pública y Transito del Estado, así como el entonces procurador general de justicia, José Rubén Licona Rivemar.
Cuando ese lamentable hecho se registró, se advirtió de la necesidad de reformar el sistema penitenciario y de realizar una exhaustiva investigación en torno al caso, pues no era posible que se hubiera introducido dinamita y armas de fuego a un reclusorio, sin que se castigara a los responsables.
Es notorio que la lección de abril de 1988, no fue aprendida por las autoridades, pues 18 años después, se vuelven a localizar armas de grueso calibre en el interior de una cárcel y poco faltó para que se repitieran los hechos sangrientos, que por fortuna y gracias a una causalidad, no dejaron muertes que lamentar.
Es indudable que los responsables de la administración de las cárceles en Hidalgo, no tienen la capacidad para desempeñar su labor, que los custodios tampoco cuentan con la preparación y que en los reclusorios urge una nueva reestructuración para evitar situaciones como las aquí descritas.
En el mes de agosto del 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer a través del documento DGCS/082/05, que después de visitar 132 reclusorios de 10 entidades federativas, Hidalgo era uno de los estados donde mayor número de irregularidades había detectado, pues se encontraron condiciones de hacinamiento graves en algunos lugares, tratos inhumanos, inadecuada o inexistente atención médica para los reclusos, falta de áreas especiales para la población femenil así como la carecencia del número suficiente de talleres para la ocupación productiva de los reos.
Entre otros puntos señanala la no organización de actividades laborales con fines de readaptación social, la inadecuada convivencia de sentenciados y procesados recluidos en un mismo lugar, “corrupción, autogobierno, la existencia de marihuana, cocaina, heroina y pastillas psicotrópicas, impreparación del personal penitenciario y la proliferación de celulares en las celdas”, como algunos de los males que detectaron.
No sería creíble pensar que la CNDH mintió al referirse a una situación tan seria, pues se sabe que al menos en lugares como Tizayuca, el reclusorio planeado para albergar a 10 personas, en agosto contaba con 38 reclusos y ha llegado a contar con 60, lo que es ejemplo de uno de los males más graves de una cárcel.
Pero el gobierno de Hidalgo parece ignorar esta situación, ahora solo hay que esperar que después de las armas localizadas y las drogas que han sido encontradas en los penales, la Secretaría de Seguridad y sus funcionarios, no sigan calificando estos hechos como intrascendentes y cambien de opinión cuando se produzca una masacre o se les fuguen los reos.
27 de febrero de 2006