¿Firmeza o Ley del Tolete?

* Constantes conflictos acaban con el mito de la paz social
* La Fuerza Pública como primer y último recurso
* La fortaleza institucional también se muestra con operación política, concertación y dialogo para resolver conflictos.
* No en todos los casos se justifica imponer la Ley del Tolete.

Cuando en las primeras horas del jueves 16 de junio del 2005, los trabajadores, personal médico y de enfermeras del Hospital del Niño DIF de Pachuca comenzaban a colocar mantas en el nosocomio y anunciaban un paro de labores en protesta por las pésimas condiciones de trabajo que tienen y la negativa institucional a homologar sus salarios, un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, disolvió la manifestación de manera violenta, golpearon a algunos de los empleados inconformes y detuvieron a otros dos.
El operativo que duró pocos minutos, fue encabezado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Marcos Manuel Souverbille González, según lo denunciaron los trabajadores ese mismo día, al efectuar una conferencia de prensa, en la que dieron detalles de los motivos por los que se habian visto obligados a detener sus actividades para que fueran escuchadas sus peticiones.
Esa fue la primera de muchas intervenciones violentas que personal de la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, que habrá de cumplirse el 1 de abril próximo, fecha en la que ante el pleno de la LIX Legislatura del Estado, rendirá su informe de labores y hablará del dialogo y la concertación como formula para resolver los conflictos, pero sobre todo para mantener la paz social.
Al problema surgido en el Hospital Infantil se sumaron muchos más, un mes después la organización Antorcha Campesina denunciaba actos de represión en su contra sufridos en el campamento instalado afuera del palacio de gobierno y, ese mismo grupo también fue objeto del ataque policial la mañana del 16 de septiembre, en un operativo encabezado por el director general de Seguridad Pública y Transito, Sixto Hoyos Zamora.
Desde ese entonces, la Ley del Tolete parece ser el método favorito del Gobierno para acabar los problemas, no resolviéndolos, reprimiéndolos y ejemplos los hay muchos, principalmente de esta semana que recien concluyó y que se distingue de las otras, por haber acumulado en tan solo dos días, cuatro intervenciones de la fuerza pública, ante el clima de violencia e inestabilidad en Hidalgo, que arroja por el suelo el mito de la paz social.
Tan solo el fin de semana anterior, cerca de 700 policias, en su mayoría pertenecientes al grupo especial “Fuerza de Tarea” de la Secretaria de Seguridad Pública, irrumpieron en el municipio de Tepeji del Rio, para ejecutar el desalojo de cientos de ejidatarios que se habian posesionado de 443 hectáreas expropiadas en 1980 para la ampliación del Parque Industrial de Tula-Tepeji.
La falta de operación política en el Estado llevó a las instituciones a imponer su razón por medio de la fuerza pública, se produjo un zafarrancho entre policias, ejidatarios y comuneros, arrojando un saldo de aproximadamente 30 lesionados, entre ellos dos uniformados y 73 campesinos detenidos, de los cuales doce fueron consignados ante la autoridad judicial por su participación en el enfrentamiento.
Terminado el operativo en Tepeji y una vez que los detenidos eran trasladados a Pachuca, el mismo Marcos Souverbille que había estado a punto de ser lesionado con machetes por parte de campesinos, tuvo que trasladarse con sus policías al municipio de Atitalaquia, donde el conflicto postelectoral no ha podido encontrar solución y los inconformes con el gobierno del presidente municipal Severiano Claudio Espinoza Castañeda, habian intentado incendiar la alcaldía alterna, causando graves daños con piedras y bombas molotov.
Todavía no se terminaba de tomar las declaraciones de los detenidos en Tepeji el domingo 12, cuando el lunes 13 de marzo nuevos conflictos y brotes de violencia surgieron en otros dos municipios de la entidad.
Primero en Santiago de Anaya, donde habitantes de la comunidad de Cerritos, detuvieron y pretendieron linchar a los agentes de la Policía Ministerial, José Juan Gómez y Cesar Jiménez Téllez, cuando ambos pretendian ejecutar una orden de aprehensión en contra del presunto delincuente Octaviano Martínez.
Por la tarde, en la comunidad de San José Bojay del municipio de Francisco I. Madero, perdió la vida el joven Alejandro Gabino Zapote, en un accidente automovilístico provocado por Eusebio Gómez Ruiz, a quien los lugareños intentaron linchar con los policías Miguel Ángel Martínez y Hector Martínez Candido de la Dirección General de Seguridad Pública y Transito del Estado.
En ambos casos, fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad para rescatar a los detenidos por la población, ejecutándose operativos policíacos antes inusuales y que ahora se han convertido en hechos que de tan comunes se vuelven ordinarios, lo que debe ser motivo de preocupación para el gobierno, por que el uso de la fuerza pública debe considerarse el último recurso y antes de la intervención violenta de la policía, debe agotarse el dialogo y la operación política como método para la solución de problemas.
La paz social, se vuelve un ingrediente ausente de la vida de los hidalguenses, que lentamente se acostumbran a leer o a escuchar en los medios de comunicación, problemas como los aquí citados.
Antes del fin de semana descrito, el 11 de febrero otros dos policías ministeriales, Gustavo Martínez Contreras y Pedro Pablo López Aguirre, habian sido retenidos por los habitantes del municipio de Tasquillo, cuando con base en una orden judicial quisieron aprehender al presunto delincuente Sergio Ortiz.
El 17 de octubre del 2005, indígenas de San Salvador y de la comunidad de El Tephe perteneciente a Ixmiquilpan, intentaron linchar a los asaltantes Francisco Contreras, Raúl Resendiz y Sergio García, así como a los policías municipales Cesar Carvajal y Bernardino García, director y comandante, respectivamente.
El 20 de diciembre del 2005, 300 campesinos de la comunidad de Apantlazul del municipio de Tlanchinol, retuvieron al Director de Seguridad, Jaime Méndez Huerta, al encargado del Registro Civil, Ernesto Hernández Vite, a dos funcionarios de Obras Públicas, Liborio y Justino Mejía Aguilar y al oficial de vialidad Eugenio Dozha Peralta, a los que golpearon y amarraron, además de que bloquearon caminos y amenazaron con causar destrozos.
En todos estos casos fracazo el dialogo y lo que se impuso fue la fuerza de los toletes policiacos, al igual que como ocurriera en el municipio de Atitalaquia, donde la madrugada del 14 de febrero se produjo el desalojo violento de la Presidencia Municipal que se mantenía en poder del Movimiento de Resistencia Civil que encabezaba el ex-candidato del Partido Acción Nacional a la titularidad del Ayuntamiento, David Reyes Santamaría, con el saldo ampliamente conocido de cerca de 150 lesionados.
Es evidente que el uso de la fuerza pública parece ser el recurso favorito del Gobierno para resolver o disolver los problemas, pero lo cierto es que en distintos municipios, la inconformidad social se hace presente, reteniéndose a delincuentes o a funcionarios, lo mismo que a policías o incluso a un presidente municipal, como ocurrió el 7 de febrero con el alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas y no se puede o al menos no se debe, seguirse imponiéndo la represión sobre la negociación.
Ciertamente la ley no debe negociarse y en algunos casos la intervención policíaca es más que justificada, obligada, pues para eso están las corporaciones, pero en otros asuntos como el relativo al Hospital Infantil o cuando los antorchistas quisieron marchar en el desfile del 16 de septiembre y fueron golpeados, incluso los niños que portaban la bandera nacional, no se puede alegar que no había otro recurso más que la fuerza, simplemente imperó la cerrazón y la intolerancia.
En unos días más, el gobernador Miguel Osorio Chong rendirá su primer informe y es de preverse que hablará de la firmeza del estado, del imperio de la ley y la no negociación de la norma, pues al rendir protesta como titular del Ejecutivo, se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Pero la fortaleza de un gobierno también puede mostrarse con habilidad política y capacidad de negociación, imponiendo la razón y la concertación ante los problemas, consignando a delincuentes e intransigentes políticos si sus actos así lo ameritan, porque usar a la fuerza pública como primer y último recurso, puede ser interpretado como síntoma de incapacidad y debilidad, que en nada conviene al desarrollo del estado.
Publicada el 20 de marzo de 2006