Cacicazgo Laboral

* Hidalgo sin huelgas porque la JLCA no protege al trabajador sino a los patrones.
* Impuesto por Hilario Avilés y parientes de Núñez Soto, Andrés Navarrete cumpla más de una década al frente del organismo.
* Explotación, maltrato, despidos injustificados de manera masiva, son una constante en Hidalgo.
* La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, también sirve como instrumento de persecución política.

Datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, revelan que durante el mes de febrero, en el Estado de Hidalgo se produjeron siete emplazamientos a huelga, de las cuales no estalló ninguna.
Cada 1 de abril, el informe anual de labores del gobernador en turno, era la ocasión para afirmar que en Hidalgo se llevaban 7, 8 ó 9 años sin huelga, lo cual era desde la perspectiva oficial, un claro síntoma de la estabilidad laboral en la entidad.
Tan solo en el año 2000, se informaba que en el sexenio se habían realizado 622 emplazamientos a huelga y tampoco había estallado ninguna, ese mismo dato lo confirma la Secretaría de Desarrollo Económico a través de lo que llaman el Sistema Inteligente de Promoción Industrial.
Sin embargo la ausencia de huelgas en el ámbito de la competencia estatal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), no significa en los hechos estabilidad laboral para los trabajadores hidalguenses, pues existen muchos casos en los que la función este organismo no solo queda en entredicho, sino que evidencia una actuación parcial a favor de los sectores patronales, que en poco a en nada beneficia a los empleados.
Ejemplos del actuar negativo de la JLCA los hay muchos, todos los días los medios de comunicación dan cuenta de una serie de actos, en los cuales se hace clara la incompetencia de este organismo, explotación laboral, retención de salarios, despidos injustificados de manera masiva, principalmente al inicio de las administraciones municipales, explotación laboral infantil, maltrato a los trabajadores, falta de medidas de seguridad para desempeñar su labor, son algunas de las constantes que se viven en el Estado de Hidalgo.
Tan solo un caso que se vivió el lunes 17 de junio del año 2002 en el municipio de Tepeji del Río, es claro ejemplo del verdadero panorama laboral existente en Hidalgo.
En esa fecha la empresa textilera Sekie, asentada desde hace 24 años en el corredor industrial de Tepeji del Río, cambió de razón social y con ello canceló el contrato colectivo de trabajo, dejando sin empleo a 200 obreras, que acusaron violaciones a ley y a sus condiciones generales de trabajo.
Ese lunes, a las cinco de la mañana, cuando comenzaba el primer turno, los trabajadores se encontraron con que la empresa Sekie, que durante dos décadas llevó ese nombre, había cambiado su denominación por la de Alaia y con ello aniquilaba al sindicato, por lo que dejaba sin posibilidades de negociar una liquidación justa a sus más de 200 obreros, 90 por ciento de ellos mujeres y una buena parte, mayores de 40 años.
En esa ocasión, como en muchas otras, ni la JLCA ni ninguna otra autoridad, hicieron algo por defender los derechos de los trabajadores; Situaciones así se repiten de manera continua ante la indiferencia del organismo que preside el señor Andrés Ernesto Navarrete Salazar, cuya estáncia al frente de la dependencia, representa actualmente, uno de los más graves obstáculos para el desarrollo económico e industrial del Estado, donde por encima de la ley, lo que imperan son los intereses de las empresas, de los patrones, en lo que puede considerarse como el mayor cacicazgo laboral que haya vivido la entidad hidalguense.
El cacicazgo laboral, comienza desde la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismo que por décadas, es y ha sido controlado injustificadamente por un mismo grupo burocrático, ante la indiferencia de otras instancias como el Congreso del Estado, cuyos representantes populares, no han hecho nada por resolver esta situación.
Baste con señalar que el actual presidente de la Junta Local, Andrés Ernesto Navarrete Salazar, permanece en esta posición desde 1993, año en el que sustituyó en la titularidad al señor Hilario Avilés Lugo, quien también permaneció ahí durante el mandato de varios gobernadores y dejó el cargo para asumir la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, a la diputación local por el distrito con cabecera en Actopan, ciudad de la que también fue presidente municipal en 1976.
Antes de ello, Andrés Navarrete ocupaba la segunda posición dentro de la JLCA, en la cual ascendió a la titularidad, bajo el padrinazgo político del mismo Hilario Avilés, quien no solo ocupaba ya una curul en el Congreso del Estado, sino que seguía controlando el organismo, gracias a que el cacicazgo de él y el mismo Navarrete Salazar, era bendecido por la administración estatal, entonces a cargo del gobernador Jesús Murillo Karam, quien ya veía como su sucesor en la titularidad del Ejecutivo local a Manuel Ángel Núñez Soto.
Hilario Avilés, quien impuso a Navarrete Salazar al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, respondía a los intereses del Gobierno del Estado y del sector empresarial, pero específicamente a los lineamientos de Manuel Ángel Núñez Soto, con quien presumía mantener una gran amistad y además un parentesco, pues su hermano José Belém Avilés Lugo, desde entonces estaba casado con una hermana del hoy aspirante a un escaño en el Senado de la República por la vía plurinominal.
Así, apadrinado por Hilario y José Belém Avilés Lugo y por Manuel Ángel Núñez Soto, Andrés Ernesto Navarrete Salazar, asumió el más importante cargo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la cual ha permanecido durante los gobiernos de Jesús Murillo Karam, Humberto Alejandro Lugo Gil, Manuel Ángel Núñez Soto y ahora en el de Miguel Ángel Osorio Chong, en el que depende de la Secretaria de Gobierno que encabeza José Francisco Olvera Ruiz y de la Coordinación General Jurídica a cargo de Alejandro Habib Nicolás, oriundo de Actopan igual que los Avilés Lugo.
Pero la estancia que por varios años ha mantenido Andrés Navarrete al frente de la JLCA, sostenido por los viejos políticos de Actopan, en nada ha beneficiado al estado, por el contrario, es durante este cacicazgo laboral, la etapa en la que en mayor medida se han violentado los derechos de los trabajadores.
Recientemente, un grupo de trabajadores de limpias, jardineros, albañiles y de los que mantenían los más bajos ingresos, denunciaron el despido injustificado del que fueron víctimas por parte del presidente municipal de Mineral de la Reforma, Alejandro Islas Pérez, al que acusaron de darles un trato que calificaron como inhumano y discriminatorio.
Otros trabajadores, pertenecientes a la abarrotera “El Lobo” ubicada en Pachuca que fueron despedidos injustificadamente, hicieron públicas diversas violaciones a la Ley Federal del Trabajo, en las que se incurría en dicha empresa, debido a la protección que el mismo Ernesto Navarrete, otorga a los propietarios, Artemio López y Lucia Zamora, con quienes el funcionario mantiene una estrecha amistad.
Otros casos que se han hecho públicos, es la explotación de obreros por parte de empresas de origen asiático como la fábrica de suéteres Cheon Jo, tanto en la Reforma como en Actopan, donde los trabajadores fueron víctimas de explotación, maltrato y fraudes; Despidos injustificados masivos en presidencias municipales como las de Atlapexco, Tula, Tepeji, Zapotlán y muchas más.
Pero algo que vale la pena señalar, es que en ninguno de los casos, la Junta de Conciliación ha actuado para defender a los trabajadores, en cambio el organismo si ha servido además de protector de patrones, como instrumento de persecución política en contra de los adversarios del gobierno, como ocurre en el caso de la Presidencia Municipal de Huejutla de Reyes, que perteneciente a un partido de oposición, tuvo que iniciar su administración el 16 de enero con sus cuentas bancarias y una camioneta embargada, debido a un procedimiento legal de la JLCA, que en los casos de las alcaldías pertenecientes al PRI, prefiere proteger a los poderosos alcaldes.
El mismo cacique de la Junta de Conciliación, Ernesto Navarrete, ha sido señalado en diversas ocasiones de ser el responsable de actos de prepotencia y maltrato en contra de los trabajadores del organismo, el cual parece servir únicamente para beneficiar al sector patronal, a las instancias oficiales, a los Ayuntamientos (pero solo a los pertenecientes al PRI) y nunca para proteger a los empleados.Ante un panorama así, es lógico que en Hidalgo no se presenten huelgas en los últimos años, porque los trabajadores saben que el organismo oficial que debería respaldarlos no lo hará, porque aquí lo que importa es mantener el cacicazgo laboral intacto, antes que el respeto a la ley.

Publicada el 03/04/06